También obligó a las casas de estudios superiores a utilizar los mismos sistemas de gestión electrónica que usan los organismos que dependen de manera directa del Ejecutivo nacional para realizar contrataciones y detallar sus estados financieros.
El financiamiento universitario le generó al Ejecutivo nacional uno de los principales conflictos durante el primer año de mandato de Milei, con dos masivas manifestaciones y paros nacionales a lo largo del año. Los integrantes del sistema de educación superior reclaman un mayor presupuesto y denuncian un derrumbe de los ingresos de los trabajadores del sector. El Gobierno, por su parte, cuestiona una presunta falta de transparencia en la gestión de los recursos de estas instituciones, que por ley son autónomas y autárquicas.
Contrataciones directas.
El Decreto 1091/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial, modifica el Artículo 25 del régimen de contrataciones de la administración pública nacional y prohíbe la posibilidad de que las reparticiones del Estado contraten de manera directa a las universidades, a menos que se acredite que son el único proveedor disponible. Según informó esta mañana el Ministerio de Capital Humano en un comunicado, estas restricciones impactarán en una variedad de convenios, «tales como servicios de consultoría, asistencia técnica, colaboración, investigación y auditoría», que hasta ahora las instituciones mantenían con distintas dependencias. La particularidad de esta medida es que quita a las universidades nacionales una posibilidad que sí tienen otras jurisdicciones y entidades del Estado nacional u organismos municipales o provinciales, que sí pueden ofrecer servicios entre sí de manera directa.
COMPR.AR y CONTRAT.AR.
A través del Decreto 1092/2024, también oficializado hoy, el Ejecutivo dispuso que desde hoy las universidades nacionales deberán utilizar los sistemas de gestión electrónica COMPR.AR y CONTRAT.AR para realizar todas las contrataciones de suministros de bienes, prestaciones de servicios y contratos de obra. El Decreto 1093/2024, por su parte, obliga a las casas de altos estudios a utilizar el Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF). Según el Ejecutivo, estas normativas encuadran a las universidades dentro del sistema de control previsto por la Ley de Administración Financiera para la administración pública nacional.
Qué dice el Gobierno
Respecto de las limitaciones a la contratación directa de servicios a las universidades por parte del Estado, la cartera que dirige Sandra Pettovello argumentó hoy que se trata de una medida que busca promover el desarrollo «de las empresas privadas y el fomento de la competencia» a través de la apertura de licitaciones públicas. Además, el Ministerio afirma que entre 2022 y 2023 «se llevaron a cabo más de 2.000 acuerdos entre las jurisdicciones y las universidades nacionales», una cantidad que, según la perspectiva del Ejecutivo, «evidencia una proliferación irrazonable en el uso de este procedimiento».
Sobre la obligatoriedad del uso de las plataformas digitales, el comunicado de Capital Humano afirma que se intenta garantizar «la transparencia en el uso de los recursos del Estado» al exigir «que todas las instituciones financiadas con fondos públicos se rijan por normas y sistemas unificados». También se sostiene que la implementación de estas medidas será progresiva.
Fuente: Corta.
