En agosto, comenzó en la sede de Resistencia de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) la Diplomatura de Actualización en el Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, de la Fundación Formarte. Está además organizada y avalada por la Defensoría de niños, niñas y adolescentes del Municipio y la Facultad de Derecho de la UNNE.
Esto, que podría ser una noticia alentadora para el proceso judicial, tiene un revés preocupante y que ha alertado a profesionales y organizaciones de derechos humanos –particularmente de los derechos de infancias y adolescencias- ya que el plantel docente de la formación está encabezado por personalidades públicamente reconocidas como antiderechos.
Hay dos nombres que resuenan más y que ya obligó a otros docentes que estaban en la formación a bajarse del mismo. La primera es la de exjueza de la Cámara Nacional en lo Civil Mauricio Mizrahi, abogado autor del libro “Alienación Parental” (SAP), texto académico y desactualizado de las ciencias vigentes en la que habla de una “diferencia biológica” entre hombres y mujeres, así como de una maternidad natural. Este libro convalida la existencia del falso síndrome de alienación parental que justifica las violencias y abusos hacia las infancias perpetrando la idea que mienten, confabulan y son influidos por las madres.
La segunda es la de Úrsula Basset, directora de esta Diplomatura y ferviente antiderechos. Abogada y docente que durante el debate por el derecho a la unión civil de personas del mismo sexo expresó en medios de comunicación que su aprobación sería “el ocaso de la familia” y habló de experimentar con la niñez. Basset también está en contra otras leyes de aplicación nacional como la interrupción legal y voluntaria del embarazo; incluso al referirse al famoso caso FAL dijo que el abuso sexual perpetrado contra la víctima “le salvó la vida”.
elDIARIO de la Región pidió la ampliación de esta denuncia pública a que dos instituciones locales como la UNNE y el Municipio apoyen a estas personalidades a profesionales del derecho que sí se identifican con perspectiva en derechos humanos. Las fuentes letradas locales subrayaron que es una forma de avalar “históricamente la Justicia patriarcal y machista”.
“Es preocupante que espacios de estudios, dirigidos a profesionales que intervienen en el sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes conserven aún, esta mirada patriarcal, heteronormada, adultocéntrica y carente de perspectiva de género; perpetuando así la violencia institucional y judicial, avalando con certificaciones despojadas de valor jurídico y ético”, manifestaron.
La diplomatura cuenta con más de 5.000 inscripciones debido a su gratuidad, lo que alerta aún más con respecto al alcance y daño que puede hacer estas aserciones inconstitucionales –van en contra de los tratados internacionales sobre NNyA, de jerarquía constitucional.
“El equipo docente, en su mayoría, está fomentando prácticas regresivas de derechos”, aseveraron.
Explicaron que no es menor ni inocente que la universidad pública más importante de la región tenga este tipo de bajada de línea para su formación profesional. Ante la consulta sobre cómo el código de ética profesional permite que se sigan perpetuando conceptos ya descartados científicamente, respondieron que “tienen espacio porque en la interpretación de las leyes en general hay dos bibliotecas”, la primera que se adosa a las leyes vigentes y otra “basada siempre en prejuicios”. “Tiene mucho que ver con la modificación del Código Civil y Comercial y las leyes que se sancionaron con posterioridad como matrimonio y adopción de parejas del mismo género, la IVE y la ESI. Estas personas que quieren seguir aplicando un código derogado y que no responde a los paradigmas actuales de la niñez”, agregaron.
REPUDIO LEGISLATIVO
La diputada Teresa Cubells presentó el jueves por mesa de entrada de la Legislatura chaqueña una resolución para expresar “repudio y extrema preocupación” por esta formación aprobada y promulgada por la Defensoría de Niñas, niñas y adolescentes del Municipio de Resistencia, Chaco y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) Res (C. D.) N° 422/2022.
“Repudiamos que en instancias de formación de estas características se continúe con la reproducción de la ideología SAP por parte actores judiciales, gubernamentales y profesionales. Personajes como Mauricio Mizrahi, autor de un libro en donde reivindica la alienación parental, organizador de jornadas en donde se expone que los niños mienten, las madres los alienan y los profesionales les lavan la cabeza a les niñes; y colaborador de las organizaciones antiderechos que siguen queriendo perpetuar la impunidad en la vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes”, dice el texto.
Sobre el Síndrome de Alienación Parental como un falso diagnóstico ya descalificado, el proyecto advierte: “Hace más de 30 años que luchamos contra esta ideología. Vimos como defensores de agresores sexuales, en su mayoría padres que han sido alejados de sus hijes por causas judiciales –en algunos casos por denuncias de incesto paterno filial– cada vez más especializades, que han desarrollado una crítica sistemática de las prácticas investigativas, de las técnicas terapéuticas, y de la evidencia resultante de las investigaciones”.
En otro completo párrafo del repudio legislativo advirtieron: “Esta pseudoteoría sin fundamento científico y con un amplio rechazo por la comunidad científica, organizaciones especialistas en infancia y organismos de DD. HH., que además expresaron su preocupación por los fallos judiciales que lo utilizan de forma velada permanentemente para llevar adelante revinculaciones forzadas y en muchos casos quitarles a las madres el cuidado personal de les chiques para otorgárselo a los padres abusadores, como si le niñe pudiera inventar o no describiera sólo lo que vive. Cuando el SAP inspira las pericias técnicas o las decisiones de las y los funcionarios o jueces se violenta ostensiblemente el derecho de chicos y chicas a ser escuchados, como lo indica la Convención y la ley N° 26061, se los estigmatiza como ’fabuladores’, y se niega su condición de sujetos de derecho. Las creencias conservadoras de numerosos integrantes y equipos del Poder Judicial no pueden imponerse cuando estas cuestionan los derechos humanos y de la infancia”.
SUJETO DE DERECHO O MERCANCÍA
Hace varios meses, la organización civil contra los abusos en las infancias Al Fin Justicia viene pidiendo que la niña “Cielo”, víctima de abuso sexual por parte de su padre, sea escuchada. En este caso ejemplar de una Justicia civil desactualizada, la niña es obligada judicialmente a ver a su abusador y a la familia de éste. Este matutino tomó las palabras de la secretaria de Derechos Humanos provincial, Silvana Pérez, en una de las últimas conferencias en las que acompañó esta denuncia. Allí, la profesional de la salud mental remarcó que el concepto de SAP influye en la retractación de la denuncia. Explicó que, si Cielo tiene contacto con una familia que no reconoce el delito grave cometido sobre el cuerpo de la niña, hay posibilidad de retractación y “se imposibilita el acceso a la Justicia”.
Allí, la funcionaria se explayó: “La Justicia se desdobla en dos partes, un fuero civil y penal. En el penal, con muy baja incidencia de condenas, se ha logrado avanzar mediante mecanismos y procesos al reconocimiento de estas denuncias”.
Sin embargo, se detuvo en la importancia de una Justicia con perspectiva de Derechos Humanos y Géneros en los Civil y Familiar. Un fuero, dijo, al “que hay que acceder con recursos propios porque está pensado al estilo de la propiedad privada”. “Enraíza a las infancias en un concepto de familia patriarcal y biológica. Este Juzgado de Familia, que ya es de difícil acceso, pone en un pie de igualdad lo que no es: no considera la cuestión histórica de los cuidados, no considera los derechos de NNyA, disminuye la voz del niño, contrario a los tratados y leyes en los que hemos avanzado”, afirmó.
“Incluso se desarticula del proceso penal”, manifestó Pérez, “y prioriza el derecho de ver a una familia biológica con un sentido que no deja de tener al niño como mercancía y no como sujeto de derecho. Es urgente y agudo poder cambiar esta situación”.
