Hace cuatro años se aprobó la ley que permite a mujeres y personas gestantes interrumpir un embarazo de forma voluntaria y gratuita en los hospitales públicos de todo el país, también las obras sociales y prepagas están obligadas a cubrir la práctica.
La Ley 27.610, establece que se debe garantizar que los medicamentos para realizar la práctica llegue a los hospitales y centros de salud, sin embargo, los datos relevados por centros de investigación y medios como Chequeado advierten que una caída del 100% en la entrega por parte del Estado nacional de la medicación necesaria para garantizar este derecho. Mientras que, un sector de legisladores del oficialismo, presentaron un proyecto para derogar la norma.
En Argentina, la tasa específica de fecundidad adolescente (10-19 años) en 2021 llegí a 13,7 por cada 1000 mujeres, y en Chaco esa cifra se eleva al 27,3. Los embarazos no intencionales (todas las edades) en 2024 fueron en Argentina 55,8; y en Chaco 61,3.
A la par, la tasa de servicios de IVE o ILE (Interrupción Legal del Embarazo) por 1000 mujeres en edad fértil cayeron en 2023 en Argentina 0,17, y Chaco 0,02; es decir, que cada año son menos los espacios para que las personas gestantes puedan acceder a su derecho a decidir sobre si continuar o no con un embarazo no deseado. Aun en este panorama, las mujeres acudieron a los servicios y en Argentina un 7,9 por cada 1000 mujeres se realizaron la práctica; y en Chaco un 4,6.
La tasa de servicios de IVE o ILE (Interrupción Legal del Embarazo) por 1000 mujeres en edad fértil cayeron en 2023 en Argentina 0,17, y Chaco 0,02
LA IVE HOY
Según los últimos datos disponibles a los que accedió Chequeado, entre enero y septiembre de 2023 se registraron 69.421 interrupciones voluntarias y legales de embarazos en todo el país, de acuerdo con un pedido de acceso a la información realizado por el Centro de Datos de Chequeado al Ministerio de Salud.
Si se suman los procedimientos registrados en los años en los que la ley estuvo vigente (es decir, 2021, 2022 y hasta octubre de 2023), da un total de 245 mil interrupciones voluntarias y legales del embarazo en el sector público.
RETROCESOS
La falta de entrega de los medicamentos (el misoprostol y la mifepristona) perjudica a los sectores más vulnerables y podría derivar en maternidades forzadas. Durante todo el 2024, el Gobierno nacional se dedicó a retrasar o no entregar la medicación, incumpliendo abiertamente la norma sancionada en 2020; y desfinanciando políticas públicas como el programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable, que depende del Ministerio de Salud de la Nación.
De acuerdo a un informe de Chequeado publicado este lunes 30 de diciembre, el programa mostró avances significativos entre 2022 y 2023, pasando de 70.293 a 106.737 tratamientos distribuidos (un incremento del 52%). Sin embargo, los registros hasta el tercer trimestre de 2024 exponen una situación crítica: la distribución de medicamentos para la interrupción voluntaria o legal del embarazo cayó a cero.
Además, la distribución de insumos y tratamientos del programa (preservativos, anticonceptivos de corta y larga duración, y medicamentos para la IVE) sufrió una caída del 64,1% si se compara el tercer trimestre de 2024 con mismo periodo de 2023.
En la programación del presupuesto, el Gobierno nacional había proyectado la entrega de 100.400 tratamientos de interrupción voluntaria para los primeros 9 meses del año, pero no entregó ninguno.
Por otra parte, el informe “Insistir y persistir: el panorama del aborto en Argentina”, publicado por el CEDES y la ONG Ibis Reproductive Health, señala que durante 2024 se produjeron cambios sustanciales en la política pública de salud sexual y reproductiva. Ante la falta de distribución por parte de Nación, 14 provincias informaron haber iniciado procesos de compra de misoprostol o de tratamiento combinado (mifepristona y misoprostol) en distinto grado de avance.
CONTRA EL DERECHO A DECIDIR
Mientras tanto, el batallón de legisladores de La Libertad Avanza y aliados prepararon un proyecto de ley que busca impedir todo tiempo de derecho a decidir. La legisladora nacional por LLA, Rocío Bonacci, presentó en febrero de 2024 un proyecto de ley para derogar la IVE, y tipificar el aborto como un delito. Para el sector político que gobierna hoy, una mujer que aborta, debe ser criminalizada.
El propio presidente, Javier Milei expresó en varias oportunidades: “Para mí el aborto es un asesinato agravado por el vínculo, lo puedo demostrar desde una perspectiva matemática, filosófica, desde el liberalismo y, además, desde lo biológico”. Sin embargo, se despegó de la presentación del proyecto de Bonacci.
14 provincias informaron haber iniciado procesos de compra de misoprostol o de tratamiento combinado (mifepristona y misoprostol)
QUIEREN FORZAR MATERNIDADES
Patricia Sotile, abogada especialista en Género del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), explicó: “Esto tiene gran impacto en poblaciones más vulnerables, generando barreras de acceso a la salud sexual y reproductiva de quienes concurren a los sistemas públicos de salud y se encuentran allí con faltantes, no sólo de insumos para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, sino también de diversos métodos anticonceptivos”.
Pate Palero, directora Ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir e integrante ejecutiva de Red Par (Periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista), reflexionó sobre este derecho conquistado y los tiempos que corren. “Para nosotras fue muy importante sostener esa conquista en los territorios. Ya sabemos que a los derechos no solamente hay que reglamentarlos o ponerlos en palabras, hay que bajarlos y militarlos en el territorio”, dijo a El Resaltador.
“Debemos ser la piedra en el zapato de este modelo neo conservador que intenta imponer una lógica totalitaria. Seguir diciendo que estamos, que pensamos lo mismo, que tenemos la esperanza de revertir este proceso para tener una sociedad más justa, igualitaria y solidaria”, agregó la activista por el aborto legal, seguro y gratuito.
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