El Tercer Malón de la Paz de Jujuy entregó ayer un petitorio a la Corte Suprema de Justicia con las denuncias sobre la falta de Estado de derecho y la violencia institucional en esa provincia tras la reforma de la Constitución y advirtió que continuará con la «permanencia y vigilia» frente al Palacio de Tribunales hasta obtener una respuesta.
«Nos sentimos discriminados por los jueces de la Corte Suprema. Queremos denunciar además que estamos en permanencia en Plaza Lavalle a la intemperie porque no nos permiten colocar un toldo o una carpa para resguardar a nuestros mayores, mujeres y niños. Tampoco poner baños químicos», señaló el cacique Néstor Jerez en conferencia de prensa.
«No nos permiten cubrir ni siquiera las necesidades de los derechos humanos básicos que deben garantizarse y hoy; no solo denunciamos el atropello del gobernador Gerardo Morales, sino del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque nos está limitando», agregó.
Una delegación de 10 representantes de los pueblos originarios que conforman el Tercer Malón de la Paz iba a reunirse con los jueces de la Corte, pero tras idas y venidas finalmente no los recibieron.
«Mientras no tengamos respuesta no vamos a regresar a Jujuy. Si no obtenemos respuesta de la Corte Suprema vamos a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el mensaje que queremos dar que seguiremos firmes porque traemos el mandato de nuestras comunidades continuando la lucha de nuestros mayores», añadió Jerez, quien dijo que «en Jujuy no hay Estado de derecho, hoy se vive una dictadura».
Eduardo Barcesat, uno de los abogados de derechos humanos que los acompaña en su reclamo, afirmó que «los pueblos originarios sufrieron una vez más un maltrato innecesario por parte de los jueces».
Las 400 comunidades indígenas que conforman el Tercer Malón de la Paz representan a los pueblos Atacama, Quechua, Chicha, Omaguaca, Fiscara, Tilián, Ocloya, Guaraní, y en esta oportunidad están acompañados por organismos e instituciones de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Agrupación Andes y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa).
