El trabajador social, abogado y delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte, Leonardo Camacho, contó, tras conocerse que el Gobierno nacional pretende cerrar la institución, que los trabajadores decidieron en asamblea permanecer en el edificio.
«Era necesario, se juegan muchas cosas, no sólo nuestra fuente de laburo sino que estamos hablando de la atención de un área muy sensible, como lo es la salud mental», expresó Camacho, este sábado, en diálogo con la 750.
Además, el delegado gremial reveló que se enteraron de la noticia por la conferencia de prensa de Manuel Adorni en la que el vocero presidencial comunicó el traspaso de los hospitales nacionales a cada una de sus jurisdicciones.
«Nosotros, cuando él hace el anuncio, hicimos las consultas pertinentes, tanto con funcionarios de Ciudad Autonóma de Buenos Aires como nacionales, y nadie sabía nada. Los nacionales lo tenían como proyecto, pero no había nada avanzado y posterior a eso fue la renuncia del ministro Russo», contó el entrevistado en Toma y daca.
Sumado a esto, señaló que el Ejecutivo miente cuando aduce que el hospital tiene 19 internados, en un intento por justificar el cierre de la institución, y contó que la medida afectaría a 612 trabajadores y 40 pacientes internados en tratamiento de alta complejidad.
«En relación a los números que presenta el comunicado, yo la verdad no se con quién maneja las estadísticas estos muchachos. Tenemos el hospital a tope de internaciones. Tenemos dos edificios con 40 camas cada uno, uno está cerrado por remodelaciones. Pero el que está en pie y funcionando, está a tope«, desmintió Camacho y dijo «no sé de dónde sacan los 19».
En esa línea, el delegado de ATE descartó que la Ley de Salud Mental sea la razón por la que no se alcanza una mayor cantidad de internaciones. «Hay varias cosas a conversar. La ley de Salud mental tiende, por supuesto, a la voluntad de las personas, pero no exime al equipo de salud de, en caso de requerirlo, activar una internación involuntaria. No es que está vedado, es una posibilidad», aclaró.
Por último, Camacho explicó que los trabajadores de la institución están en situación de mucha precariedad contractual, con revisiones cada tres meses, lo que provocó que varios profesionales decidan buscar mayor estabilidad, al punto tal que hubo la misma cantidad de despidos a principio de año -30 cesanteos- que de renuncias.
En ese sentido, destacó el esfuerzo de sus compañeros y apuntó contra el Gobierno: «Asumen que la atención de salud mental puede definirse por un Excel», concluyó.
