El Senado debatió la reforma previsional y, con acuerdo de la oposición, logró una recomposición en los ingresos de los jubilados, ante la ratificación de Javier Milei de vetar cualquier modificación a su plan económico. Además, por unanimidad los senadores se suspendieron el aumento de dietas y aprobaron el proyecto que tipifica penalmente la sustracción y comercialización de menores.
El Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones establece un esquema que combina el IPC y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), con un ingreso extra del 8,1% para jubilados y una recomposición a los fondos jubilatorios adeudados a las provincias por parte de Nación por una suma de $703.515 millones. Actualmente, regía un sistema establecido por decreto por el Presidente.
El proyecto en general fue aprobado por 61 votos a favor y 8 en contra, entre los que estuvieron los siete senadores de La Libertad Avanza y Carmen Álvarez Rivero (PRO), aunque el resto de sus compañeros de bancada acompañaron la reforma jubilatoria. El radicalismo intentó establecer modificaciones de último momento a la redacción que el peronismo no aceptó argumentando que dilataría el aumento de ingresos a los jubilados. Luego de protagonizar un jocoso momento con el titular del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, Victoria Villarruel se ausentó al momento de la votación.
En el encuentro también se determinó que el financiamiento universitario -que cuenta con media sanción de Diputados– sea tratado en una próxima sesión luego del debate en comisiones. Asimismo, se estableció la prioridad de abordar la situación de los tomadores de créditos UVA, a través de una iniciativa que obtuvo dictamen en la Cámara alta en septiembre del año pasado. Además se aprobaron pliegos diplomáticos, traspaso patrimoniales a las provincias y la adhesión al tratado internacional de Remoción de Restos de Naufragio.
Senado debate reforma jubilatoria
Durante el debate del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, el radical Martín Lousteau cuestionó el método en que Javier Milei alcanzó el superávit fiscal: “El Presidente dijo que se le fue la mano con el ajuste, pero cuándo se le va la mano hay gente que no puede vivir”, sostuvo el titular de la UCR en medio de su intervención en el Palacio Legislativo, quien entendió que «estamos compensando la última pérdida grande que tuvieron que fue la de enero de este año», remarcó Lousteau.
La cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) fue una de las aliadas opositoras con las que contó el oficialismo: «Lo que varios de mis colegas van a hacer hoy es un error. […] No hay duda de que a los jubilados lo que más les conviene es que no haya inflación; a su edad no pueden seguir surfeando los precios como estamos acostumbrados en la Argentina. Hoy estamos viendo bajar la inflación, que es casi un milagro sostenido por pequeños fósforos; cuando prendemos uno se cae otro».
A su turno, la fueguina Cristina López (Unión por la Patria) le pidió a los jubilados «que le recuerden al mentiroso de Milei una de las tantas promesas falsas que hizo, porque los jubilados no son la casta. También quiero pedirle al Presidente que, cuando este proyecto llegue a sus manos, no se le ocurra vetarlo».
«Resulta que destinar una parte del presupuesto para atender una necesidad imperiosa como es el haber de los jubilados y pensionados es un acto degenerado para el Presidente», añadió en esa línea el porteño Mariano Recalde, senador del mismo bloque, quien recordó que la iniciativa «tiene un costo fiscal del 0,4% del PBI; el mismo exactamente que implicó haber modificado el impuesto a los Bienes Personales y a la riqueza que se aprobó en este Congreso. No se trata de un problema de falta de recursos, sino que se destinan a otras cosas».
Por unanimidad, Senado aprobó tipificar penalmente la venta de niños
El primer proyecto de resonancia que fue aprobado en la sesión, y que cuenta con vinculaciones con el caso de Loan Peña, fue el que tipifica en el Código Penal la sustracción y/o comercialización de niños.
El proyecto, de autoría de la santafesina Carolina Losada (UCR), establece concretamente condenas de 4 a 10 años de prisión «al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado».
Asimismo, contempla a los intermediarios: penas de 5 a 15 años para «quien facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare», con agravantes para funcionarios públicos, para los que se prevé un tercio más de la condena convencional y la inhabilitación perpetúa para el ejercicio de cualquier rol estatal.
El texto tiene en cuenta las situaciones de vulnerabilidad de los progenitores biológicos (habilitando la figura del arrepentido), por lo que la mayoría de los casos ocurren con fines adoptivos . Este delito es de competencia federal y prescribe cuando el niño alcanza la mayoría de edad, cuando pasa a la órbita de la trata de personas.
Fuente: Ámbito
