Tras el asesinato del joven qom José Lagos, por el que se investiga a al menos cinco policías como responsables, referentes sociales y políticos y organizaciones de todos los sectores repudiaron fuertemente otro hecho de abuso de poder por parte de las fuerzas de seguridad
En la misma línea, el propio gobernador, Jorge Capintanich, envió a la comunidad un mensaje y reflexión sobre los hechos de violencia ocurridos el viernes en San Martín.
En su misiva, el primer mandatario se refirió al abuso policial, a la formación y apuntó nuevamente a fortalecer la capacitación de los agentes. Además, reiteró las medidas que tomó el Ejecutivo para colaborar con la investigación que determinará quién disparó de muerte al joven.
“Un episodio de violencia es inadmisible. No podemos ni debemos admitir en la policía de la provincia un integrante que cometa semejante acto de barbarie. La medida disciplinaria de exoneración debe ser automática y la aplicación del Código Penal debe ser riguroso”, expresó Capitanich. (Ver columna)
Al fin de la jornada de violencia en el barrio Los Silos desatada tras la represión policial por la que terminó muerto Lagos, el Ejecutivo provincial ordenó la separación del director de Zona y Supervisores de la Dirección Regional de San Martín y la Fiscalía de Derechos Humanos de Sáenz Peña dispuso la detención de cinco agentes, entre los que se encontraría el autor del disparo. Además, el Estado se constituyó como querellante particular de la causa, que se llevará a cabo con la supervisión del Comité de Prevención de la Tortura y Secretaría de Derechos Humanos y Géneros nacional. También se designó un interventor de la Dirección Regional.
“Desde el momento en que tomamos conocimiento de los hechos nos comunicamos con referentes de la comunidad y los escuchamos. Fuimos con la traductora indígena Elizabeth González, y escuchamos a los familiares de la víctima, a quienes se les explicó la situación y les comunicamos que se va a garantizar que la autopsia sea realizada por el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) de Resistencia”, explicó la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez.
Informó además que el encargado de realizar la autopsia será el equipo del IMCIF quien retiró el cuerpo para trasladarlo a Resistencia. “Además solicitamos se aplique en la autopsia el protocolo de Minnesota, que corresponde en estos casos”, detalló Pérez.
El protocolo de Minnesota es una herramienta elaborada por la Organización de la ONU para la investigación de muertes «potencialmente ilícitas». Es aplicable en los casos en que una muerte pudo haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes; cuando la muerte sucedió mientras la persona estaba detenida o bajo custodia del Estado, sus órganos o agentes; o cuando la muerte podría ser resultado del incumplimiento del Estado de su obligación de proteger la vida.
REPUDIO GENERALIZADO
En nombre de la guardia comunitaria Whasek, Ariel Fabían, expresó su acompañamiento “con profundo dolor a la familia de José Lagos. «Nos solidarizamos con la familia de José Lago. Levantamos nuestras voces con pedidos de justicia para esclarecer estos hechos que nos hacen mal como sociedad y por sobre todo a nuestros hermanos de los pueblos originarios», sostuvo.
El diputado provincial por Libres del Sur, Carlos Martínez, sostuvo que se trata de una “consecuencia directa de la impunidad y autogobierno total policial pero también responsabilidad del poder político que lo permite desde hace años en nuestra provincia”. Y recordó: “No debemos perder de vista que este crimen ocurre a un año de los hechos de represión a la comunidad qom ocurridos en Fontana, y que hasta la fecha se mantienen en una total impunidad para sus autores, pese a la gran repercusión nacional y provincial que condenó el accionar policial incluso desde el mismo presidente de la Nación”.
“Exigimos investigación y juicio y castigo a los responsables del crimen y solicitamos al gobierno provincial el cumplimiento real y efectivo de la ley de seguridad provincial así como la puesta en funcionamiento de todos sus organismos previstos”, reclamó el legislador-.
Sus pares radicales, Leandro Zdero y Carmen Britto, también se refirieron a los hechos ocurridos en San Martín y reclamaron su “esclarecimiento”. “Lo que pedimos, es que no se naturalice y se den todas las explicaciones porque desconocemos qué fue lo que pasó y porqué”, manifestaron. y remarcaron la necesidad de que “la comunidad necesita saber quiénes son los o las responsables y se garantice la transparencia e independencia absoluta en la investigación”.
Rodolfo Schwartz, diputado provincial, cruzó al gobierno y reclamó que “este asesinato a sangre fría, contra los pueblos originarios y posterior tergiversación de los hechos para salvar a los ejecutantes de la operación, debe ser castigado ejemplarmente”. “El gobernador, de inmediato debe remover la cúpula policial, abriéndose un juicio a los actores materiales e intelectuales, para hacer justicia. No se puede titubear, ser blando o tibio ante estos hechos brutales de discriminación, persecución y provocación”.
Incluso desde la Amnistía Internacional Argentina reclamaron “una investigación urgente e imparcial ante el abuso de la fuerza por parte de la Policía de la provincia de Chaco, que terminó en la muerte de José Lagos».
