Durante el debate legislativo, Pía Chiacchio Cavana, diputada del Frente Chaqueño y exministra de Desarrollo Social, obró de miembro informante del proyecto de su interbloque, el 1169, y destacó el de autoría del diputado del Frente Integrador Darío Bacileff Ivanoff, y el trabajo que articularon «para unificar un despacho que nos permita establecer un marco normativo que determine las condiciones para poder otorgar o excluir a una persona de cualquier tipo de transferencia social directa». Lo dijo marcando la diferencia del proyecto que finalmente fue sancionado, impulsado por el interbloque de Juntos por el Cambio, y aclaró, en relación a esa iniciativa y así quedó establecido en la ley, que «la Provincia del Chaco no otorga beneficios sociales», marcando así «un error terminológico grave».
Recalcó que en el proyecto del oficialismo «no se contempla la necesidad objetivo en cuanto a bajo qué condiciones y en qué circunstancias y por qué motivos el Estado debiera dar una ayuda o asistencia a una persona». También señaló que «es necesario acreditar la situación de vulnerabilidad o de riesgo social y, me arece que es una ausencia grave en el proyecto del oficialismo no contemple la necesidad de que la persona o grupo de personas que reciben algún tipo de asistencia del Estado realmente la requieran. Y la requieren cuando media un informe social, económico, que de cuenta de que la persona se encuentra en situación de pobreza o de indigencia».
Explicó que el proyecto que impulsaron como oposición contempla prioridades para la asistencia social, en un contexto con un 57 por ciento de pobreza y un 17 por ciento de indigencia. «En ese universo es necesario poder delimitar quienes tienen prioridad: mujeres, personas gestantes, identidades diversas, personas con discapacidad, comunidades indígenas y trabajadores por debajo de la línea de la pobreza».
«Una ayuda no puede ser para toda la vida, el objetivo de la política social debe ser la emancipación y el empoderamiento de la persona con planes de estudio y posibilidades de acceso al trabajo. Pero aquí es central el rol de profesionales de las ciencias sociales que acrediten con informes técnicos una situación de vulnerabilidad», explicó.
Comentó que el proyecto exceptúa de toda ayuda a personas con sentencia firme por delitos contra la vida, la integridad física o sexual, de trata, de lesa humanidad. «Pero también ilícitos penales cometidos contra la administración pública o de justicia», agregó.
El punto central de la política social, dijo, debe basarse en el acceso a la formación profesional, reconocimiento de oficios, acceso al trabajo son otros ejes que explicó de la iniciativa.
En este contexto, cuestionó que se hayan eliminado los programas que promovían el acceso al empleo de beneficiarios de programas sociales: Más Empleo Chaco, Empleo Cuidado y Mi Trabajo. Y aseguró que «muchos de los objetivos que mencionaba el diputado preopinante (Iván Gyoker, informante del proyecto sancionado), no se van a cumplir desde la perspectiva desde la que encararon el proyecto de ley porque es necesario poder lograr la incorporación laboral al ámbito privado formal o en el del trabajo autogestivo. Y hasta ahora lo que han hecho fue todo lo contrario porque eliminaron los programas que promovían el acceso al empleo».
«En los últimos cuatro años fuimos la gestión del país que mayor cantidad de planes sociales logró reducir», remarcó y recordó que también formalizaron un 0800 para denuncias con automática intervención de las fiscalías.
«En la mayoría de los casos que mencionó el diputado preopinante yo he sido quien denuncio a esos referentes sociales. Y el mismo equipo del Ministerio de Desarrollo Social», sostuvo y aseguró que «la mayoría de las personas que hoy se encuentran privadas de su libertad, condenadas o procesadas, lo están a instancias de denuncias de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros o por Desarrollo Social o por el Ministerio de Seguridad. Y es un dato que adrede no lo dicen».
«No podemos de hablar de uno o 10 casos particulares a una generalidad hoy compuesta por 30 mil personas que tienen planes sociales en la provincia del Chaco. No podemos relacionar a las personas excluidas con situaciones de abuso o de acoso. Debe caber el peso de la ley, como ocurrió con Alperovich, nos debe caber a todos por igual, pero no se puede legislar desde casos particulares generando una estigmatización hacia un sector. Entonces me pregunto de dónde surge tanto odio a personas excluidas», cuestionó.
