El Gobierno nacional aprobó la Resolución 10/2025, que establece recortes en el sector científico y universitario, priorizando investigaciones que se alineen con el «crecimiento económico y desarrollo estratégico del país». La medida, impulsada por la Jefatura de Ministros y la Secretaría de Ciencia, liderada por Guillermo Francos, recortará $1867 millones destinados a investigación en 70 programas sociales y afectará áreas clave como las ciencias sociales, el medio ambiente y el cambio climático.
Según el texto oficial, los programas deberán demostrar una ejecución mayor al 30% para continuar, mientras que aquellos que no cumplan con el Plan Estratégico 2024-2025 serán revisados o directamente cancelados. El Plan prioriza temáticas como agroindustria, energía, minería, economía del conocimiento e innovación, dejando de lado áreas consideradas “no estratégicas” como el cambio climático, a pesar de las crisis ambientales globales.
La medida ha generado repudio en la comunidad científica. Federaciones como la FEDUN, FESIDUAS y FEDLATCI advirtieron sobre las «graves consecuencias» que esta decisión tendrá para la estabilidad laboral y el desarrollo profesional de los trabajadores del sector, calificando la resolución como un «retroceso en las políticas públicas» y un «ataque a la soberanía científica».
Organizaciones y especialistas critican el enfoque del Gobierno, señalando que esta decisión no solo afecta el avance del conocimiento, sino que también refleja una postura negacionista frente a problemáticas globales, como el cambio climático. Además, destacaron que la medida incrementará las dificultades para generar alianzas con organizaciones nacionales e internacionales.
El contexto político refuerza estas tensiones, con figuras del oficialismo cuestionando el consenso científico en áreas como el cambio climático y las vacunas, mientras expertos como Valeria Edelsztein y Claudio Cormick advierten que la promoción desmedida del pensamiento crítico en la sociedad podría estar alentando actitudes anticientíficas.
La comunidad universitaria y científica hizo un llamado urgente a la movilización en defensa de la educación pública, la ciencia y la tecnología, pilares esenciales para el desarrollo sostenible y el bienestar nacional.
