Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de Córdoba expresaron su más profunda preocupación luego del asesinato, ocurrido el sábado, de Susana Beatriz Montoya, esposa del subcomisario y militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Ricardo Fermín Albareda, torturado y desaparecido durante la Dictadura Cívico Militar iniciada en nuestro país en 1976. El hecho también conmocionó a las más altas esferas de la política y la justicia de Córdoba por tratarse de la madre del militante de HIJOS Córdoba, Fernando Albareda.
En diciembre del año pasado, con el cambio de gobierno, la llegada al poder de Javier Milei y el discurso procesista de la vicepresidenta, Albareda hijo fue víctima de amenazas y amedrentamiento en su vivienda con la aparición de carteles con simbología nazi.
De acuerdo a la información trascendida, en medio de un total hermetismo en la causa, todo apunta a que no se trataría de un mero episodio de robo sino todo lo contrario, ya que en una de las paredes de la vivienda dejaron una inscripción intimidante. “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”. Según fuentes de la investigación, la frase estaba escrita en rojo, en principio con lápiz labial.
Sin embargo, desde los distintos sectores involucrados prefirieron la cautela a la espera de la autopsia y de las primeras conclusiones respecto del móvil del episodio. “No se descarta nada”, es la escueta frase que obtura cualquier especulación. En principio, la puerta de la vivienda de la víctima no habría estado forzada. La causa recayó en la Fiscalía del Distrito 4, Turno 3, a cargo de Juan Pablo Klinger.
Montoya, de 76 años, residía en un barrio de la zona norte de la Capital y no contaba con consigna policial. Su cuerpo fue hallado en horas de la tarde en el patio del inmueble con un fuerte golpe en la cabeza. Fue el propio Fernando quien dio aviso a la policía al llegar y encontrarse con el cuadro luego de que su madre no respondiera a sus continuos llamados.
Desde la Mesa de Trabajo de los Derechos Humanos de Córdoba se guarda especial cautela sobre el caso ante el estupor y el respeto a la familia tras el asesinato de Montoya. Tras una jornada en la que se buscó acompañar a Albareda, se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento oficial.
La misma tesitura se guarda en el Panal, sede de la Casa de Gobierno de Córdoba, desde donde anticiparon que aguardarán el desarrollo de la investigación para sentar postura. Cabe recordar que, en diciembre de 2023, al conocerse las amenazas a Albareda, el propio gobernador Martín Llayora fue uno de los primeros en mostrar un enérgico repudio al episodio. (Fuente: Página 12)
