La presentación es una medida autosatisfactiva que tiene como objeto solicitar que por 60 días no se le corte el servicio a usuarios N2, N3, que no se produzca el retiro de medidores, que se establezca planes y facilidades de pago a los usuarios, porque hoy la única opción real que hay es la tarjeta Tuya, explicó a elDiario el Defensor del Pueblo, Bernardo Voloj.
También detalló que en sus recorridas por la provincia notó que “no hay un criterio uniforme y general de alternativas para aquellos usuarios que quieren pagar, pero que lamentablemente no pueden”.
Por eso, además, solicitó la revisión de aquellas facturas, en las que “no se condice la situación socioeconómica de la familia con el nivel tan alto que le ha venido de consumo”. “Hemos visto. En las recorridas, este salto desproporcionado que ha habido en las tarifas desde el mes pasado pero fundamentalmente desde noviembre del 2024”.
AUDIENCIA PÚBLICA
Esta semana se realizó la Audiencia Pública virtual que el Ente Nacional Regulador de Energía (ENRE) convocó el 29 de enero. De la misma participaron representanes de TRANSENER, Transportista Independiente de Buenos Aires (TIBA), Integración Eléctrica Sur Argentina (INTESAR), Líneas de Transmisión del Litoral (LITSA), Líneas Mesopotámicas (LIMSA), YACYLEC, ENECOR y otras cinco transportistas independientes presentaron en el marco del proceso de Revisión Quinquenal de Tarifas del servicio de transporte de energía eléctrica. También participaron usuarios, legisladores y Defensores del Pueblo.
Por Chaco, participó el Defensor del Pueblo, Bernardo Voloj, quien luego hizo pública su intervención a través de sus redes sociales. “Transnea que es quien opera en la región estableció una actualización polimodal de 180 % de incremento, más variaciones mensuales. También reconocieron los graves problemas en la estabilidad de la red”, detalló.
Respecto a las soluciones ofrecidas por la empresa, Voloj indicó que no hubo una respuesta concreta: “Lo mismo de siempre, siempre pasa lo mismo cada vez que hay este tipo de audiencias públicas con las transportadoras de energía. Desligan responsabilidades o lo reconocen, pero no salen más allá de eso”.
Para cerrar, el reclamo de la Defensoría del Pueblo fue que exista “una mirada al usuario ya que estos discursos vacíos que hacen las transportadoras de que el sistema está en crisis y que no pueden invertir por la falta de tarifas reales”.
