Carlos Lordkipanidse es sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Hace 37 años que declara ante la justicia por lo que vivió en ese campo de concentración. Ya perdió la cuenta de cuántas veces recorrió los pasillos de Comodoro Py para buscar que se juzgue y se condene a todos los represores que actuaron allí. Este jueves no llegó hasta los tribunales de Retiro para señalar a tal o cual marino. Fue a pedirle al Poder Judicial que preserve los sitios de memoria ante la avanzada negacionista del gobierno de La Libertad Avanza (LLA). “Esa memoria que les hemos transmitido a los compañeros que trabajan en los que fueron los centros clandestinos de detención es vital. Sabemos que a ellos les ha costado tanto como a nosotros transmitir esta historia a quienes visitan estos lugares. Por eso venimos a reclamar la preservación de los sitios –que son prueba para los juicios– y la reincorporación de los despedidos. Si esto desaparece, desaparece un pedazo de nuestra memoria”, dice.
Con él hay sobrevivientes de distintos centros clandestinos. Está Rufino Almeida, que estuvo secuestrado en el Banco. Rufino fue de los primeros en proponer una movida que involucrara a los tribunales después de que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación –a cargo de Alberto Baños– despidiera a 27 trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en los sitios de memoria. Para él, está claro que con los despidos y el desfinanciamiento de áreas dedicadas a la investigación “se está tocando los procesos judiciales, no solo la memoria”.
Isabel Cerruti es sobreviviente del Banco y del Olimpo. Es una de las coordinadoras del sitio de memoria que funciona en Floresta y lleva las últimas semanas organizando reuniones para hacerle frente a las olas de cesantías. Osvaldo Barros es sobreviviente de la ESMA y también se acerca hasta los tribunales. Lo mismo que Margarita Cruz, que estuvo secuestrada en la Escuelita de Famaillá y es integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD). “Nosotros dedicamos todas nuestras vidas a buscar justicia. Venimos a que el Poder Judicial contemple esta situación”.
Ana Careaga estuvo secuestrada en el Atlético, el centro clandestino emplazado en San Juan y Paseo Colón. Cuenta que hace poco tiempo se encontraron las celdas donde ella y otros compañeros estuvieron detenidos. Pasaron más de 47 años pero la verdad finalmente aflora, aun cuando está sepultada. “Es un hecho histórico para las víctimas y para toda la sociedad”, dice. Ana, además, es hija de Esther Ballestrino de Careaga, una de las Madres de Plaza de Mayo secuestradas después de la infiltración de Alfredo Astiz – uno de los “patriotas” visitados por seis diputados oficialistas. En la comitiva que peregrina por Comodoro Py en busca de respuestas judiciales también está Ana Bianco, hija de María Ponce de Bianco, otra de las víctimas del exmarino.
Los sobrevivientes y familiares presentaron escritos en el juzgado de Daniel Rafecas y en el juzgado federal 12 –a cargo de Ariel Lijo para que se preserven los sitios de memoria que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires: los que fueron los campos de concentración de Olimpo, Atlético, Virrey Cevallos, Automotores Orletti y la ESMA.
No están solos. Los acompañan la legisladora porteña Victoria Montenegro (UxP), la diputada nacional Paula Penacca así como Myriam Bregman y Alejandrina Barry, dirigentes del PTS e integrantes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh). También están los abogados Pablo Llonto, Liliana Mazea, Luis Zamora, Matías Aufieri y Delfina Lladó, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La excursión por los tribunales duró largas horas. Inicialmente los recibió el camarista Alejandro Slokar, coordinador de la comisión de Crímenes Contra la Humanidad de la Casación Federal. «Tenemos una preocupación muy grande –rompió el hielo Bregman. La preservación de los sitios corre riesgo. Son prueba judicial y si se vacía de trabajadores, no vemos la forma de que esto pueda preservarse».
Slokar los escuchó, dijo que compartía la preocupación y propuso una reunión más tarde con el presidente del tribunal, Mariano Borinsky. El encuentro se hizo. Todas las partes salieron muy conformes. El compromiso de los camaristas fue impulsar una reedición de las reglas prácticas para los procesos de lesa que Casación firmó en 2012 y actualizó diez años después. En las próximas semanas, trabajarán en una que haga hincapié en la protección de los archivos y de los sitios de memoria –junto con los trabajadores que los sostienen.
Victoria Montenegro –que, además de ser legisladora, es una de las nietas que restituyó su identidad gracias a la búsqueda de Abuelas– estaba satisfecha por la movida. Denuncia que hay una embestida contra las políticas de memoria, verdad y justicia. Pero cree que se está construyendo una estrategia distinta, que contempla la unidad, la visibilización, el reclamo ante los tribunales y la denuncia internacional.
«Estamos recorriendo el camino que hicieron las Madres», le dice Ana Careaga a Slokar antes de despedirse.
Fuente: Página 12
