El concejal del Frente Grande, Fabricio Bolatti, pidió al intendente de la ciudad de Resistencia, Gustavo Martínez, que arbitre los medios necesarios y frente a la Fiscalía, el trámite para devolver los honorarios que fueron “mal cobrados” a los contribuyentes en el marco de las deudas tributarias que se venían ejecutando y que fueron dejadas en suspenso por una resolución emitida luego e sendos reclamos de bloques opositores y de la Defensoría del Pueblo frente al perjuicio generado en plena pandemia. Aseguró que, de esta manera, se pone “en pie de igualdad a las y los contribuyentes, ya que la Justicia no va a tener en cuenta estos pagos si llegan a regular “honorarios” en alguna de las demandas iniciadas y posteriormente “desistidas” por la gestión municipal, ante la regularización realizada por quienes habrían sido “supuestamente” judicializados”.
“Debemos recordar que los “honorarios extrajudiciales” para representantes legales de los municipios y la provincia, están prohibidos por la Ley 457c, y cuando son establecidos por la Justicia deben alcanzar el 25% de los que corresponden al resto de los y las profesionales”, expresó el concejal.
JUDICIALIZACIÓN MASIVA
Para el edil, el Ejecutivo Municipal promueve “supuestamente” el cobro de deudas tributarias vía ejecución judicial a gran parte de las y los contribuyentes de la ciudad, ya que solamente las demandas iniciadas en la Justicia de Paz son más de treinta mil (30.000), siendo solo las que no pueden superar el monto de doce mil pesos ($12.000) de capital reclamado. A estos casos hay que sumarle las que pudieron ser presentadas en los 23 juzgados civiles.
“Como es materia opinable, digo: que percibo, observo y creo que si la intención es “recaudar tributos”, hubiera rendido más el inicio de un proceso que facilite el acceso a la información necesaria; que no se hubieran impuesto aumentos tan significativos de los tributos, y especialmente que no se hubiera judicializado el reclamo sin generar un proceso administrativo de aviso e intimación previa, detalles que con lo que estoy seguro se hubiera promovido un mayor cumplimiento y la voluntad de regularizar por parte de morosos, los que se han incrementado ante la situación sanitaria y económica.
Sin embargo, la judicialización masiva fue la opción, cuando cobrar por esta vía deudas de bajo monto no llega a generar el interés fiscal que busca cualquier organismo o área dedicada a la recaudación de tributos, ya que es más costoso el proceso que lo que se puede recuperar después de un mediano plazo, y más largo aún en pandemia.
Ante la certeza de la “ilegalidad, de la falta de necesidad de judicializar de esta manera, y ante la visión de que se prioriza y condiciona al pago de este concepto de “honorarios”, justificándose el que se ha hecho una presentación ante la Justicia, es que entendemos se necesita iniciar masivamente presentaciones o demandas judiciales, las que serán rápidamente desistidas ante el cobro por parte de estos “terceros”.
Si se logra concretar un promedio de “honorarios” a exigir, en torno a los $5.000 por causa como se vino cobrando a quienes no deben montos mayores a los $12.000 pesos reclamados ante la Justicia de Paz, estamos hablando de que se generó un escenario de potencial recaudación de $150 millones de pesos sólo para este grupo de deudas menores. Escenario en el que se encuentran el “esfuerzo económico de la ciudadanía” con intereses “ajenos” a la verdadera finalidad que tiene la tributación, haciendo que no se cuente con esta importante cantidad de recursos para atender la demanda y necesidad de obras y servicios municipales, que es por lo que se pagan los impuestos y tasas nuestros vecinos y vecinas.
Por todo esto es que una vez lograda la suspensión (exigimos eliminación) del cobro de “honorarios”, creemos que corresponde la devolución a quienes pagaron condicionados y sin alternativa este concepto ilegal”.
