En un marco multisectorial, junto a organizaciones sindicales, políticas y sociales, trabajadores y ciudadanos se reunieron este viernes frente a la Catedral de Resistencia para exponer el balance del primer año de gestión del gobierno nacional de Javier Milei y de Leandro Zdero en la provincia.
Presentaron el documento titulado “Una denuncia desde el pueblo organizado”, donde exponen que el “hambre, la pobreza y la indigencia han alcanzado índices alarmantes” a los que sumaron el “abuso de poder, la falta de diálogo, los despidos, la precarización laboral y el aumento de la desocupación”. “La pérdida del poder adquisitivo y la crisis del sistema de salud agravan una situación que el gobierno busca ocultar a través de medios de comunicación cooptados por millonarias pautas publicitarias. Esta manipulación constituye una lesión al derecho a la libertad de expresión y prensa, como lo denunciamos desde cientos de radios y portales de noticias”, plantean.
En ese contexto señalan que, el sector más castigado fue el de jubilados y jubiladas que “han sido expuestos al deterioro y pérdida de valor de sus ingresos, enfrentando además grandes dificultades para acceder a medicamentos esenciales”. “Los intentos de encarecer y aumentar el fondo de alta complejidad del INSSSEP han agravado su situación, vulnerando sus derechos básicos”, remarcaron.
En cuanto a la política de educación pública y universitaria, la multisectorial repudió los ataques a la escuela pública planteando que “se han desmantelado programas educativos, eliminado el acceso a libros, tecnología y formación docente, y recortado inversiones y beneficios para los trabajadores de la educación”. “Este ajuste busca desfinanciar la escuela pública y favorecer su privatización, condenando a nuestra juventud a la exclusión y vaciando de contenido los aprendizajes”, advirtieron y reafirmaron el “compromiso con una escuela pública, democrática y transformadora para garantizar el desarrollo y la justicia social”.
En el ámbito universitario, señala que se perdieron “hasta un 50% de nuestro poder adquisitivo en un año. El presupuesto prorrogado del 2023 apenas cubre el 50% de lo necesario para el 2025, dejando a las universidades en una situación crítica. Además, el 60% de los docentes perciben salarios de pobreza”.
EL ESTADO Y SUS TRABAJADORES: AJUSTE Y PRECARIZACIÓN
El comunicado del frente de organizaciones también advierte el feroz ajuste en el sector público con “más de 50.000 puestos en el empleo público se perdieron en 2024; el salario mínimo vital y móvil es el más bajo de los últimos 20 años; recen la precarización laboral y las paritarias inexistentes o insuficientes; han cerrado y desfinanciaron organismos claves del Estado, no solo dejando miles de familias en la desocupación, sino también cientos de miles de compatriotas excluidos del acceso a derechos básicos”.
A la par, se denuncia la “persecución sistemática contra movimientos sociales, especialmente el piquetero. Las organizaciones que luchamos contra el hambre y la exclusión enfrentamos denuncias penales y represión, en un intento por desmovilizarnos. La justicia, servil al gobierno, refuerza estas provocaciones a pocos días de un nuevo aniversario del 20 de diciembre de 2001”.
“Hacemos un llamado a la más amplia unidad para detener los ataques contra el pueblo que se organiza. Es urgente consolidar una resistencia colectiva para defender nuestros derechos y construir un futuro más justo”, concluye el documento presentado este viernes.
