La Sala Primera de la Cámara Contencioso Administrativa de Chaco revocó el despido de Ursula Sabarece, activista trans chaqueña, quien fue parte de una ola de despidos ejecutada por el intendente Roy Nikisch que afectó a más de 640 trabajadores del Municipio de Resistencia. El tribunal ordenó que en un plazo de 30 días se garantice su derecho al trabajo mediante un contrato “transitorio” hasta que se resuelva el planteo judicial sobre la legalidad del despido colectivo.
En la decisión, las juezas Natalia Prato Stoffel y Geraldine Varas instaron al Ejecutivo Municipal a implementar el cupo laboral para la población trans, establecido en una ordenanza de 2016 que nunca fue aplicada durante las gestiones anteriores de Jorge Capitanich y Gustavo Martínez. La fiscal de Cámara, María Marta Verón, se había manifestado a favor de mantener la cautelar que protegía a Sabarece, en línea con su postura en casos similares.
Sabarece argumentó que su despido se realizó sin garantizar su derecho a la defensa, y destacó que su incorporación al Municipio estaba respaldada por una ordenanza que no había sido declarada inconstitucional. En su fallo, el tribunal subrayó que la Municipalidad no presentó pruebas suficientes para justificar la falta de vacantes para el colectivo trans, indicando una “presunción de ilegitimidad” en la decisión del Ejecutivo.
Además, las camaristas reconocieron que, aunque Sabarece había sido incorporada a la planta permanente bajo el “cupo general”, durante el proceso se verificó su pertenencia al grupo trans. Esto evidenció que el tribunal inicialmente no consideró su caso particular y que el proceso judicial se prolongó durante casi cinco meses, mientras que la purga masiva fue avalada en solo diez días.
En sus conclusiones, las magistradas señalaron la obligación del Estado de implementar acciones positivas para igualar oportunidades entre los grupos históricamente marginados, subrayando la importancia de cumplir con el cupo laboral para la población trans, que debería ser de al menos 51 agentes según los cálculos del municipio.
El fallo representa un avance significativo en la defensa de los derechos laborales de la población trans en Chaco, un colectivo que enfrentó históricamente barreras en el acceso al empleo público. La resolución del tribunal resalta la necesidad de justicia y equidad en la gestión de recursos humanos dentro del Estado.
Fuente: Litigio.
