A través de la organización “Resistencia ambiental”, vecinos y vecinas de las cercanías a la laguna Francia enviaron a elDIARIO de la Región una carta pública para denunciar lo que consideran un cercenamiento de su libertad de expresión y acceso a la información.
Señalaron que recibieron en los domicilios particulares del grupo de vecinos que integran la Comisión Vecinal e integrantes de colectivos ambientales cartas documento por parte de la empresa Patagonia para intimarles y establecer “que un plazo de 15 días se debe ratificar o rectificar la postura con respecto al avance de la obra en la laguna Francia”. En el documento legal responsabiliza a la vecindad “de la paralización de una obra a la que consideran “aprobada”, y que “si no se cumpliera con el plazo establecido se iniciarían acciones legales por daños y perjuicios”.
El grupo de vecinos y vecinas responsabilizó al Municipio de Resistencia “por no otorgar la información solicitada respecto de la construcción ilegal de un muro de hormigón en todo el perímetro del terreno en cuestión ya que hay una acción de amparo sobre el mismo de no innovar. Como así también de haber otorgado el derecho de construcción junto al cobro del mismo (según carta documento) se impedía construir, ya que es un terreno judicializado con el pago de una indemnización a su anterior propietario. Sin haber estudiado el título de propiedad donde no se había realizado el deslinde del curso de agua, siendo este imperfecto”, explicaron en la carta pública.
Señalaron que se presentaron notas dirigidas al intendente, a la Presidencia del Concejo y a la jueza de Falta sin obtener respuesta. Algo que acusan como falta de acceso a la información pública, cuando el “Acuerdo de Escazú establece los objetivos para que las personas puedan tener acceso a la información ambiental y puedan ser consultadas en los procesos de toma de decisiones ambientales”.
Responsabilizaron a la Administración Provincial del Agua –APA- “por no cumplir con el principio de no regresividad a través de una resolución, a medida de la empresa, donde baja la cota de la línea de ribera en forma incorrecta y contra lo establecido en el código de agua, otorgando así la factibilidad detallada en la carta documento”. “¿Acaso en laguna Francia hay privilegios?”, se preguntaron.
También extendieron la responsabilidad al juez a cargo de la causa “por dilatar la resolución de un conflicto que lleva años, donde la empresa ha rellenado el terreno ocasionando inundaciones en calles donde antes no las había y construyendo un muro perimetral de hormigón prefabricado que dista mucho de un cerco de obra, todo esto ante sus ojos y con una acción de amparo vigente. ¿Acaso el dominio público y la opinión pública también se han devaluado?”.
Destacaron que existen entre las personas ambientalistas y que viven lindantes a la obra profesionales idóneos y de destacada trayectoria, cuya opinión se encuentra más que fundamentada.
“Sostenemos que las cartas documento enviadas son verdaderas amenazas que sobrepasan los límites de la tolerancia que no dejan dudas de la intención de amedrentar a la población que solo está defendiendo una calidad de vida que se quiere avasallar”, denunciaron. Y agregaron que “ante las actitudes patoteras y amenazantes de la empresa, nadie se siente seguro”. “Por ello denunciamos públicamente y en la justicia ya que tendrá sus consecuencias legales ante semejante atropello e intento de acallar nuestras voces”, concluyeron.
“Sostenemos que las cartas documento enviadas son verdaderas amenazas que sobrepasan los límites de la tolerancia que no dejan dudas de la intención de amedrentar a la población que solo está defendiendo una calidad de vida que se quiere avasallar”, denunciaron.
