La medida permite la intervención de las cuatro fuerzas federales en manifestaciones, generando críticas de agrupaciones sociales y dirigentes políticos que la consideran “inconstitucional” y una “amenaza” ante posibles conflictos sociales.
Bullrich anunció que las fuerzas federales podrán intervenir en manifestaciones en la vía pública si hay un delito flagrante, aplicando identificación a quienes corten arterias, penas de prisión y cobro de gastos a organizaciones que violen la normativa. La ministra afirmó que la ley no se cumple a medias y que el Gobierno ordenará el país “para garantizar la paz”.
“Las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple”, dijo Bullrich durante una presentación ante la prensa en la sede de la cartera de Seguridad, en Gelly y Obes 2289, en el barrio porteño de Recoleta.
La funcionaria indicó que “si hay un delito flagrante” las fuerzas federales podrán intervenir “de manera inmediata” de acuerdo con “los códigos procesales vigentes” y que utilizarán “la mínima fuerza necesaria y suficiente”, la cual será “graduada en proporción a la resistencia” que se oponga.
“Serán determinados los delitos hasta una nueva ley que se va a presentar a corto plazo de acuerdo al artículo 194 del Código Penal”, agregó.
Ese artículo establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.
Distintos dirigentes y organizaciones políticas rechazaron el protocolo, calificándolo de “inconstitucional” y una amenaza a gremios y movimientos sociales. La diputada Myriam Bregman criticó que “lo que les molesta es que protesten contra las medidas de su gobierno”, mientras que el diputado Nicolás Del Caño acusó a Bullrich de buscar “reprimir la protesta del pueblo trabajador”.
En una conferencia de prensa convocada para responder los planteos de Bullrich, los referentes del Partido Obrero, Vanina Biasi y Gabriel Solano, junto al dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, reivindicaron el “derecho a la manifestación” y reclamaron que la ministra de Seguridad “no tiene facultad legal” para impedirlo. “Nosotros consideramos realmente una provocación los anuncios que ha hecho la ministra Patricia Bullrich”, reprochó Solano en el local porteño del Polo Obrero, ubicado en Mitre 2162, donde fue convocada la prensa.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) repudió la medida por considerarla “inconstitucional” y expresó que los conflictos sociales deben ser resueltos por quienes gobiernan. La directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, lo catalogó como “una declaración de guerra” a la conflictividad que generará el ajuste gubernamental.
También la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, enmarcó el protocolo de Bullrich como “una declaración de guerra a la conflictividad que va a generar su propio gobierno con el ajuste brutal que anunciaron”.
“Ninguna contemplación, habilitación directa a la Policía, amenazas a las organizaciones, una patoteada”, publicó Litvachky en su cuenta de X.
El protocolo surge en vísperas de un paro activo convocado por organizaciones de izquierda en la plaza de Mayo en respuesta a las medidas económicas del Gobierno. La jornada de protesta coincide con el aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando el gobierno de Fernando de la Rúa reprimió una protesta social que resultó en 38 muertos y la renuncia del mandatario.
