El Senado de la Nación retomó este miércoles el plenario de comisiones que trata la ley Bases y la comisión de Presupuesto y Hacienda que estudia el paquete fiscal. Si bien el oficialismo esperaba obtener un dictamen rápido, para lo cual incluso había aceptado ciertos cambios en los textos, el debate entró en cuarto intermedio hasta el martes o miércoles de la próxima semana, según especificó el senador y presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala (San Luis), que también confirmó que darán respuestas en las próximas horas a los senadores que presentaron modificaciones.
«Algunos cambios son similares y otros no tienen nada que ver con al ley. Es necesario que se analicen todos las propuestas», lanzó Abdala. Además, aseguró que en las próximas horas circulará un dictamen que permita que ambos mega proyectos vayan tomando forma, a partir de las modificaciones realizadas.
La intervención de Abdala se dio sobre el final del plenario de comisiones que trata la ley de Bases, bajo un mar de dudas con respecto a la firma del dictamen que La Libertad Avanza (LLA) intentó apurar hoy, apalancado en un grupo de senadores aliados, entre ellos, el senador y líder del bloque Cambio Federal, Juan Carlos Romero (Salta).
Por su parte, el titular de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche (Jujuy), tomó la misma decisión y anunció un nuevo cuarto intermedio apenas empezada la reunión de comisión, que seguía después del plenario para debatir el paquete fiscal.
Según explicó Romero, el objetivo del oficialismo era hacer correr el dictamen este miércoles con las firmas, al menos en disidencia, de los senadores que plantearon a lo largo de estas tres semanas profundas divergencias en algunos capítulos y artículos. Sin embargo, LLA volvió a dar un paso en falso y su planificación quedó enterrada.
El paquete fiscal fue fuertemente cuestionado este martes por el senador kirchnerista Fernando Salino (San Luis) y el radical Martín Lousteau (CABA). En este contexto, para responder las dudas del kirchnerismo y parte del radicalismo, el Gobierno tenía en carpeta enviar a funcionarios a la comisión de Presupuesto y Hacienda. Sin embargo, nadie del Ejecutivo se presentó.
El debate y las modificaciones al proyecto
Entre los cambios que habría aceptado el Gobierno, estaría la exclusión de varios organismos públicos de las facultades de intervenir, fusionar o cambiar funciones que le otorgaría el artículo 3 de la Ley Bases. Entre ellos, se encuentran el Banco Nacional de Datos Genéticos, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Senasa y la Administración de Parques Nacionales (APN), entre otros.
Sumado a esto, se habrían planteado modificaciones al Régimen Impositivo para Grandes Inversiones (RIGI). Al respecto, cambiaría la cláusula que declaraba de nulidad absoluta las medidas adoptadas por las provincias que se opongan o vayan en detrimento de los beneficios que otorga el programa. Asimismo, se agregaría una mención a la necesidad de que los emprendimientos fomenten el desarrollo de la cadena de producción local.
También aceptarían cambios en el régimen de blanqueo de activos. De esa manera, quedarían excluidos del programa quienes hayan sido funcionarios públicos en los últimos diez años y sus hermanos. Además, se bloquearía el ingreso hasta el año 2038 a planes similares a quienes adhieran al programa, a lo que se sumaría un aumento del 20% en la alicuota de Bienes Personales a los individuos que participen del blanqueo.
Las críticas a las facultades delegadas al Poder Ejecutivo
En la jornada expusieron el actor Jorge Marrale y el director de la multisectorial audiovisual Guillermo Tello, quienes solicitaron al Cuerpo que no deleguen facultades al Poder Ejecutivo y alertaron que el proyecto “pone el peligro todo el entramado cultural argentino”.
Los disertantes fueron convocados por el senador de Unión por la Patria (UxP), José Mayans, lo que generó críticas de Romero, ya que planteó que «es injusto, ayer hubo otras propuestas de convocar y se dijo que ya habían terminado el período de alocución». «Ya todo se dijo, se expresaron ciento de personas. Es injusto que solamente un sector tenga la oportunidad y los demás no«, remarcó el salteño.
Por su parte, la senadora de UxP Carolina Moisés planteó que la ley Bases es una contradicción y una “amenaza” a la ley de Financiamiento a los espacios culturales porque “muchos senadores y diputados que apoyaron esa ley ahora piensan en votar la ley Bases». «Este tipo de propuesta destrozan toda una construcción social y la identidad cultural”, indicó.
En concordancia con sus dichos, Mayans remarcó «la importancia que tiene la industria cultural”, entre lo que destacó los festivales que se realizan en las provincias que “son fuentes de trabajo para las pymes porque son fundamentales para la economía”. Al respecto, sostuvo que los entes autárquicos descentralizados “no influyen en el presupuesto”, ante lo que denunció que “quieren hacer desaparecer estos entes por una cuestión ideológica más que económica”.
Sumado a esto, tuvo fuertes críticas respecto a la otorgación de facultades delegadas al presidente Javier Milei, lo cual comparó con darle un arma de fuego al mandatario. “Nuestro bloque no acepta darle facultades delegadas al Presidente. Este muchacho te está pidiendo, y te dice ‘si tengo una pistola te voy a matar’, y vos estás por darle la pistola”, lanzó, a la par que insistió en que el jefe de Estado “va a hacer lo que quiera con el sistema nacional, va a destruir todo”.
Y agregó: «Esto de delegar facultades es decir que no vamos a cumplir con nuestro trabajo como legisladores para que haga lo que quiera de la administración central, de los entes descentralizados, del sistema previsional argentino, de las empresas públicas, de los fondos fiduciarios. Todo hace a la cuestión del desarrollo nacional y todo fue conquistado con años de lucha».
En esa línea, cargó contra los senadores que sí están dispuestos a votar en favor de las facultades: “No sé quién es más loco, el que le da la pistola o el que está avisando lo que va a hacer. Es un ejemplo medio drástico pero es la realidad». «Vamos a trabajar para que la ley Bases sea rechazada porque no aceptamos las facultades especiales, no coincidimos con el RIGI salvo que haya cambios», cerró.
Además, aprovechó para apuntar contra Milei por sus habituales declaraciones contra otros mandatarios: «Insulta a los presidentes de otros estados, a uno porque es comunista, al otro socialista. Ayer, dijo que lo que hagamos acá no le preocupa porque nos va a vetar».
Al hacer uso de la palabra, Daniel Bensusán (UxP) cuestionó la delegación de facultades. “El expositor Andrés Gil Domínguez fue muy claro cuando planteó la inconstitucionalidad del artículo 1 y 2 porque tienen que tener una clara y precisa definición de las bases de lo que se quiere delegar y tiene que ser limitado en la materia porque el proyecto tiene bases amplias y genéricas”, explicó, y añadió: “Le vamos a delegar facultades a un presidente que denosta a los gobernadores, intendentes, provincias”.
En esa línea, el legislador pampeano indicó que “con los primeros tres artículos, el presidente puede hacer lo que quiere con el resto de la ley por más modificaciones que tenga». «Es una gravedad importante la delegación de facultades al igual que los contratos intraseccionales de obra pública”, remarcó.
Luego, Romero volvió a pedir la palabra para solicitar un cuarto intermedio hasta las 14 con el objetivo de que se acerquen funcionarios a explicar las modificaciones de los proyectos y así poder debatir entre los senadores un “texto final”. De esa manera, se buscará el dictamen para “tener algo más nuevo de lo que vino de Diputados”. “Los funcionarios nos están trayendo los cambios propuestos por los distintos bloques”, afirmó Abdala.
Al retomarse el debate, el senador de Unidad Federal, Edgardo Kueider (Entre Ríos), arremetió contra varios puntos de la ley de Bases. Entre ellos, apuntó contra las facultades delegadas y pidió eliminar la palabra «disolución total o parcial».
De no prosperar esta propuesta, el entrerriano pidió la exclusión de una serie de empresas y organismo públicos para que, eventualmente, no puedan ser eliminadas: INTI; Banco nacional de Datos Genéticos; CONADI; Senasa. En esa línea, Kueider solicitó la quita de Aerolíneas Argentinas de las empresas sujetas a privatización. Para defender su postura, aseguró que «no todos los organismos del Estado pueden dar superávit».
Sumado a esto, solicitó que se aparte el texto administrativo de ley de Bases y lo mismo con el RIGI. No obstante, no le cerró la puerta a un posible apoyo a las modificaciones que podría proponer Lousteau.
Tras finalizar el punteo con disidencias, el guante lo recogió el senador radical Víctor Zimmermann (Chaco), quien leyó una extensa lista de cambios promovida por el sector de la UCR más propensa a acompañar el dictamen, pero en disidencia. Estos cambios dejan aún más al Gobierno contra las cuerdas en su ansiedad por la firma de los despachos.
Uno de los ejes que tocó Zimmermann fue porque el oficialismo garantice el financiamiento de los organismos de ciencia y técnica bajo el Plan 2030. Además, en la misma línea de Kueider, objetó la privatización de Aerolíneas Argentina y sumó al Correo Argentino.
No obstante, el chaqueño pidió que, de concretarse las privatizaciones, los eventuales dueños mantengan las rutas deficitarias. Lo mismo para el Correo Argentino: «Es un tema central para los pueblos del interior», precisó.
En el plano laboral, habló de las cuotas sindicales y solicitó que «sean válidas siempre y cuando haya una manifestación manifiesta en contrario». Los dardos siguieron para el RIGI, donde exigió claridad para las competencias provinciales.
En ese sentido, profundizó en la necesidad de ajustar artículos que protejan la producción local y la industria nacional para favorecer a la cadena de bienes y servicios: «Sería positivo que, a partir de los 10 años, los beneficios empiecen a ser decrecientes». También tocó el tema previsional: «Creemos que la edad de la adhesión debería ser 60 años para las mujeres y 65 los hombres».
