Más de 20 organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre inconsistencias en las actualizaciones de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN) de Chaco y Salta
En un comunicado, advirtieron que los procedimientos llevados a cabo por las provincias podrían desencadenar un retroceso significativo en la protección ambiental, que pone en riesgo los avances logrados en la protección de los bosques nativos y sienta un peligroso precedente que podría replicarse en otras jurisdicciones.
Si bien reconocen que el OTBN constituye una herramienta clave para proteger los bosques nativos en Argentina, conforme a la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, las más de 20 organizaciones apuntan los recientes procesos de actualización en las provincias de Chaco y Salta por las “inconsistencias legales, técnicas y procedimentales que comprometen su legitimidad y los principios de no regresión y progresividad ambiental”.
“Las actualizaciones de los OTBN de las provincias de Chaco y Salta presentan grandes inconsistencias que van en contra de lo que estipula la Ley de Bosques Nativos. Esto pone en riesgo el remanente de bosques nativos que quedan en Argentina. Es necesario que exista la voluntad política apropiada para el correcto cumplimiento de la norma en todos los niveles, la capacidad profesional, técnica y logística para su implementación y monitoreo, y la asignación de los fondos y los recursos correspondientes”, afirmó Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina, organización que es parte del comunicado enviado.
Chaco
En Chaco, el 11 de diciembre la Legislatura chaqueña aprobó sobre tablas y sin discusión previa un proyecto ingresado el día anterior que modifica la Ley 4005-R. Entre las principales falencias se destaca la recategorización arbitraria de áreas de conservación, que aumenta de forma significativa la cantidad de bosques en donde se permitiría el desmonte.
“Este cambio, realizado sin estudios técnicos sólidos ni justificaciones metodológicas, viola la Ley 26.331 al ignorar criterios fundamentales de preservación ambiental. Además, el mapa del OTBN aprobado presenta errores topológicos y huecos de información, lo que genera incertidumbre en la delimitación de zonas protegidas y debilita los mecanismos de monitoreo y control”, sostienen en el comunicado presentado por las organizaciones.
La falta de consulta previa, libre e informada con las comunidades indígenas afectadas y la ausencia de participación ciudadana efectiva son otros puntos críticos señalados en ambas demandas. “Estas omisiones vulneran derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estas deficiencias no solo ponen en peligro la biodiversidad regional, sino que también socavan la legitimidad del proceso y vulneran los derechos de las comunidades locales, especialmente las comunidades indígenas”, remarcaron.
Salta
El 10 de diciembre la Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción al proyecto de ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos enviado por el gobernador Gustavo Saénz, luego de un tratamiento express en comisiones. Si bien resta el tratamiento en el Senado de la provincia, cabe mencionar que el informe técnico final y el soporte cartográfico, mencionados como Anexos en el proyecto de ley, no se encuentran disponibles públicamente, lo que entorpece la transparencia del proceso e imposibilita conocer lo que efectivamente sancionaron los diputados, y si corresponde con lo elaborado en el marco del proceso de actualización llevado adelante durante 2023.
Este nuevo OTBN presenta además inconsistencias que podrían desencadenar un retroceso significativo en la protección ambiental. El proyecto estipula que la Autoridad Local de Aplicación deberá identificar los desmontes ejecutados de 2009 en adelante (fecha en la que se sancionó el primer OTBN de la provincia) distinguiendo su legalidad o no, y deberá elaborar un plan de acción en los casos que corresponda. En tal sentido, la Ley de Bosques determina que los desmontes ilegales deben mantener su categoría de conservación original, y esto tiene que estar reflejado en el OTBN provincial actualizado. Sin embargo, la fecha de referencia debiera ser 2007 y no 2009, aseguran las organizaciones debido a que los bosques se encontraban protegidos, primero por un amparo, y luego por la propia Ley de Bosques sancionada a finales de ese año.
Por otro lado, se introduce una categoría transitoria denominada Área de Producción y Conservación (APC), que no está contemplada ni en la Ley 26.331 ni en la normativa provincial vigente. La APC incluiría tanto zonas amarillas como verdes que serán definidas luego de aprobado el OTBN, en una normativa aparte. Esto genera incertidumbre sobre las tierras en las que se podrán realizar cambios de uso de suelo o cuáles estarán sujetas a planes conservación, incluyendo el manejo forestal sostenible. Es decir que, si se sanciona la ley, habrá áreas que no tendrán una categoría determinada, contrariando el objetivo del OTBN y abriendo la posibilidad de desmontes sobre cualquier predio incluido en las APC.
“Chaco y Salta (junto a Santiago del Estero y Formosa) se encuentran entre las provincias que más contribuyen a la deforestación a nivel nacional. Según datos oficiales, desde 2007 hasta 2022, la provincia de Chaco perdió 556.714 hectáreas de bosque, mientras que Salta unas 918.749. La protección de la región chaqueña es una responsabilidad compartida por toda la sociedad. Esta región, que constituye uno de los pulmones verdes más importantes del país, se encuentra entre las más amenazadas del planeta. La deforestación en este territorio no solo pone en riesgo la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados, sino que también compromete la capacidad de Argentina para cumplir con sus compromisos ambientales internacionales”, menciona el comunicado elaborado conjuntamente por las organizaciones.
Las organizaciones de la sociedad civil firmantes solicitan a las autoridades responsables que realicen una revisión exhaustiva de estos ordenamientos, garantizando que se ajusten a la Ley 26.331.
Organizaciones firmantes:
ACEN; ACERCA; Aves argentinas; Circulo de Políticas Ambientales; Conciencia Solidaria; EcoHouse; FIBO; Fundación Ambiente y Medio; Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Fundación Avina; Fundación Biodiversidad Argentina; Fundación Hábitat y Desarrollo; Fundación Patagonia Natural; Fundación Protestante Hora de Obrar; Fundación Reverdecer; Fundación Vida Silvestre Argentina; Fundación YUCHAN; Instituto Jane Goodall; Natura Argentina; Por el Mar; Proyectar ONG; REDAF; SAREM; WCS Argentina; Wetlands International.
