“La peligrosa e inédita rebelión fiscal que promueve a viva voz el presidente Javier Milei contra la gestión del gobernador Axel Kicillof, además de ser un acto penal (un delito) es políticamente reprochable”.
Doñate sugirió que “sería muy saludable para la democracia y la institucionalidad argentina que sea repudiada públicamente por todos los gobernadores y legislaturas de las provincias de nuestro país”.
Por último, el senador rionegrino advirtió que “en tiempos en que el desquicio institucional y la ruptura de los lazos sociales y políticos son un verdadero peligro para la integridad de nuestra República y la unidad nacional, los actos de solidaridad entre provincias y en defensa del federalismo tienen más valor que nunca”.
Por su parte, el vocero presidencial aseguró ayer por la mañana que el presidente Javier Milei «siempre va a manifestarse en contra de una situación en la que se vulneren los derechos de propiedad». En esa línea, dijo que el llamado a no pagar los impuestos bonaerenses se explica porque «parte de la falta de respeto al derecho a la propiedad privada está dada por los impuestos».
Luego, en un intento por minimizar el comentario y poner el foco en “los enemigos” de esta semana para el presidente, apuntó al gobernador Axel Kicillof. Lo acusó de «despilfarro público» y enumeró una serie de programas de gobierno vinculados a la igualdad de género que, a su entender, no deberían recibir financiamiento del Estado.
ESPERT, DENUNCIADO
El diputado de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert además fue denunciado penalmente por su llamado a no pagar impuestos en la provincia de Buenos Aires. Espert dijo durante entrevistas periodísticas en los últimos días: «No hay que pagar los impuestos que ahora quiere Kicillof, porque no nos da nada. Yo no los voy a pagar. Ni inmobiliario ni rural, porque también soy productor rural».
La denuncia fue formulada por la abogada Valeria Carreras, quien le reprochó al diputado que «no trepida en empujar a los ciudadanos a cometer delito, sea vía la desobediencia vía la evasión vía algún tipo de delito fiscal».
La presentación apunta al delito contemplado en el artículo 209 del Código Penal, que establece penas de entre dos y seis años de prisión para «el que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución». (Fuente: Parlamentario / Página 12)
