El concejal del Frente Grande, Fabricio Bolatti, presentó un nuevo proyecto de ordenanza vinculado al Legítimo Abono, una herramienta de la administración pública que no se encuentra legislada para su aplicación en el Municipio de Resistencia. “Hay un abuso de la ilegalidad que se quiere hacer costumbre”, remarcó el funcionario.
“El oficialismo municipal de JxC, formalizó con la firma del Intendente un pedido para que el Concejo le autorice a pagar $1.300 millones a personas que reclaman una acreencia que no cuenta con documentación respaldatoria en todo o en parte, y cuya situación se expresa en los Considerandos del proyecto enviado por el titular del Municipio, que se funda en el dictamen de la Dirección de Administración y de la Asesoría Legal y que ratifica la falta de cumplimiento de los procesos legales, además de expresar su interpretación del instrumento que dista en su totalidad con lo que establece el Tribunal de Cuentas”, indicó el concejal.
“Nikisch y sus concejales, entienden que el Legítimo Abono exime de la obligación de cumplir con la normativa y les permite pagar igualmente estas obligaciones que carecen de papeles o pruebas que acrediten fehacientemente el servicio prestado, lo que podríamos llamar un ‘sincericidio’, ya que se expresa lo contrario a lo que se exige como condición de pago por parte de la Administración Pública Municipal”, detalló.
En esa línea, Bolatti marcó que “advertidos de esta situación, el oficialismo decidió autorizarse a regalar $1.300 millones, cuando lo que tendría que hacer es pedir la documentación y pruebas faltantes, y recién en caso de cumplirse todos los pasos con la documental correspondiente, pedir la autorización para pagar contra el Presupuesto del año ya finalizado, o sea, pagar deudas de ejercicios anteriores con todo los ‘papelitos’ exigidos. Estamos nuevamente ante una triste realidad ilegal que se quiere hacer costumbre”, aseveró.
Reclamos que suman más de $1600 millones: 75% del total de salarios en un mes
“Con carácter de urgente, el oficialismo municipal se apresta a pagar o convenir con personas que manifiestan ser acreedores del Municipio y se encuentran en un listado adjunto al proyecto de Legítimo Abono, reclamos que suman -hasta ahora- más de $1.600 millones, lo que equivale a un 75% o las dos terceras partes de un mes de pago de salarios de la estructura municipal (5.000 personas aprox); habiendo además en dicho listado proveedores habituales de prestaciones comunes del Municipio y otros que ni siquiera son proveedores pero han presentado facturas, situación que nos llena de dudas”.
Bolatti detalló que “en todos los casos la Dirección de Administración del Municipio dictaminó que no se han realizado, en todo o en parte, los procedimientos que establece la normativa aplicable a las contrataciones, y tampoco hay documentación que acredite la recepción o certifique la contraprestación recibida, por lo que determina no pagar. Sin embargo, las y los concejales del oficialismo han autorizado el pago de $1.300 millones a esa lista de personas que reclaman informalmente el pago de una deuda, sin haber pruebas de la recepción de la contrapartida en favor de la Municipalidad, por lo que su autorización, no es más que la transferencia del patrimonio público a terceros, o sea, un regalo”.
En ese marco, el edil subrayó que “el Concejo no tiene facultades para regalar recursos, así como tampoco para condonar deudas, y si existiera alguna duda, ante la facultad que sí tiene de concesionar, dar en venta, eximir de impuestos o aprobar el comodato de un bien público, debe tenerse en cuenta que para todas estas decisiones se requiere el voto de las dos terceras partes del cuerpo (ocho representantes que voten favorablemente), lo que igualmente no debería habilitar la posibilidad de que configure una transferencia de patrimonio público a privados”.
Sobre la Audiencia Pública y el dictamen previo al tratamiento
La iniciativa presentada por Bolatti, pretende “generar una instancia de participación ciudadana para sumar al objetivo de lograr transparencia, legalidad y acceso a la información de los actos relacionados con la cosa pública, así como la necesaria utilidad de contar con un dictamen previo del organismo y áreas internas de control, que garanticen que cada caso incluido y que pretenda ser pagado en el Legítimo Abono, cumpla con todos los requisitos legales”.
“Recién después de dar la oportunidad de participar a quienes quieran aportar al debate y conocimiento de la cuestión, y de estar seguros de la legalidad de los actos, debería recaer en el Concejo la decisión final de pagar con recursos que no se preveían destinar a esta finalidad, a quienes reclaman deudas sin documentación respaldatoria”, resaltó.
En qué consiste el Legítimo Abono
Tal como se detalla en el informe remitido por el concejal Bolatti a este matutino, en el ámbito municipal, es el Tribunal de Cuentas quien tiene habilitado el “Legítimo Abono”, y es este al que hace referencia el primer proyecto que envió al Concejo el titular del Ejecutivo Municipal.
Con un claro y buen criterio, el organismo de control reserva esta figura al Concejo Municipal, para dar un camino de solución a “deudas de ejercicios anteriores”, puntualmente a casos de contrataciones de adjudicación de bienes o prestación de servicio, en las que se ha realizado regularmente el procedimiento administrativo, la entrega y recepción del bien o servicio, contando con toda la documentación correspondiente, inclusive la Orden de Compra. Es decir, debe enviarse al Concejo para autorizar el pago de casos puntuales, pero siempre deben tener la documentación respaldatoria, según lo establece la Resolución 14 del Tribunal de Cuentas, Régimen Administrativo para Municipios.
La situación especial que justificaría el uso del Legítimo Abono, según el Tribunal de Cuentas, se podría constituir al momento de realizarse el procedimiento estipulado para el pago de esa obligación ya devengada, y siempre que se haya materializado la recepción de la cosa o servicio adquirido. Lo normal es que se haga la Orden de Pago, se contabilice contra el cupo presupuestario del área o jurisdicción que hizo el compromiso y se mande a pagar a Tesorería, área esta que va pagando, pero que comúnmente al cierre del ejercicio (31/12), tenga casos pendientes, los que van a conformar la Deuda Flotante que recibe la siguiente gestión. Estos pasos se realizan dentro del Presupuesto General del ejercicio en curso, el que se establece por Ordenanza del Concejo y constituye una autorización y límite al gasto e inversión que podría hacer la Intendencia, en este caso.
Teniendo en cuenta lo expresado, el Legítimo Abono al que acude el Tribunal de Cuentas, viene solamente a salvar las situaciones en las que no se puede pagar por falta de crédito presupuestario generalmente, y las que, por algún motivo legal y justificable, no se llegó a hacer la Orden de Pago, pero se realizaron todos los pasos anteriores. En esto el Tribunal es muy claro, incluso hasta lo expresa más de una vez y en diferentes formas, refiriéndose a que deben estar realizados todos los pasos previos en tiempo y forma, o sea debe estar la documentación de la contratación y de la entrega o realización del servicio, en forma completa, hasta llega a expresar el organismo de control de rango constitucional que, ante la inexistencia de alguna documentación, se presume la ilegitimidad del gasto y no se puede aplicar la figura.
