En la ciudad de Resistencia, la participación pública en decisiones ambientales es un derecho fundamental respaldado por la Constitución Nacional y normativas internacionales. En este contexto, se llevó a cabo un acta en defensa de la laguna Francia, un importante cuerpo de agua de la región.
“A partir de la reforma de 1994, en su artículo 41, la Constitución Nacional consagra el derecho a un ambiente sano, y establece el deber de las autoridades de proveer a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Asimismo, establece un particular reparto de competencias concurrentes entre la Nación y las jurisdicciones locales en materia ambiental”, expone el material difundido.
El acta, redactada por diversos colectivos ambientales y vecinos preocupados por el futuro de la laguna, expresa un total rechazo a un acuerdo bilateral firmado entre la empresa Patagonia y el presidente de la Comisión Vecinal de Villa Altabe, así como a la decisión del Juez Julián Benito Flores de convocar a votación a un reducido grupo de vecinos sin consulta previa.
La laguna Francia, pertenece al sistema lacustre del río Negro, es considerada de interés colectivo y forma parte del área de reservorio de una cuenca mayor. Los firmantes del acta argumentaron que la laguna carece de un plan de desagüe pluvial y de estudios actualizados sobre su funcionamiento, lo que pone en riesgo su preservación.
Además, señalan la trasgresión de normativas locales vigentes, como la prohibición de construcción en inmuebles contiguos a lagunas y ríos, y la declaración de valor histórico y sagrado para la comunidad qom y criolla del río Negro y sus lagunas.
“Nos oponemos a este y a cualquier otro proyecto dado que la laguna Francia no cuenta con un plan de desagüe pluvial ni estudios actualizados que demuestren fehacientemente el funcionamiento adecuado y suficiente del sistema Francia-Los Teros para gestionar el volumen de agua de la cuenca en momentos críticos de lluvias extraordinarias”, sentenciaron frente al avance de urbanización de la ciudad y el poco o nulo planeamiento urbano.
En esta línea continúan explicando que “a partir del impacto de las lluvias de 2019 y de las reiteradas oportunidades en que las aguas ocuparon el área en litigio exigimos se explique en el marco de las leyes constitucionales que nos amparan y del Código de Aguas de Chaco por qué en un predio que de acuerdo a la Resolución APA 1111/98 estaba prohibido construir hoy se permitiría hacerlo”.
Y finaliza asegurando que “al haber bajado la línea de ribera, no sólo se ha transferido de manera inaceptable parte del dominio público a favor del dominio privado sino que se provocó un retroceso en nuestra protección ambiental teniendo en cuenta la importancia de las áreas de reservorio frente a las importantes transformaciones urbanas ocurridas en la cuenca en los últimos 20 años”.
El acta concluye con la expresión del malestar de los colectivos ambientales y vecinos respecto al proyecto y la forma en que se determinó la consulta que se llevará a cabo en abril.
Este documento, firmado por diversos grupos, entre ellos Somos Monte, Defensores del Río Negro y sus Lagunas y Resistencia Ambiental, representa “un llamado a la protección y preservación de uno de los recursos naturales más importantes de la región”.
