La Libertad Avanza presentó un proyecto para derogar la Interrupción Voluntaria del Embarazo. La autora de la iniciativa es la diputada Rocío Bonacci, y el expediente fue acompañado por el jefe de bloque libertario Oscar Zago y de Lilia Lemoine, una dirigente muy cercana a Javier Milei.
Tras el fracaso en el Congreso para aprobar la Ley Ómnibus, los integrantes de La Libertad Avanza parecen empeñados en quitar derechos a la sociedad. El proyecto para derogar la IVE, sancionada a fines de 2020 luego de décadas de lucha, ingresó al Congreso el lunes.
“Deróguese la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo”, dice el primer artículo del proyecto que prevé penas de 3 a 10 años de cárcel si la interrupción se realiza sin consentimiento de la mujer y de 1 a 4 años si es con consentimiento.
Si bien el oficialismo está en minoría en la Cámara de Diputados, la cuestión del aborto atraviesa a todos los partidos y, salvo excepciones, sus miembros no suelen votar alineados.
Bonacci, la autora del proyecto, tiene 27 años es podóloga y también la hija de José Bonacci, un expolítico peronista que supo estar aliado al neonazi Alejandro Biondini.
En los últimos años José Bonacci “alquiló” su partido al mejor postor. En Santa Fe llevó a Amalia Granata como candidata provincial en 2017 y años después le prestó el sello a José Luis Espert y en 2023 formó parte de La Libertad Avanza.
Bonacci tiene cercanía con la iglesia evangélica, una de las organizaciones que más militó contra la legalización del aborto.
A cambio de sus servicios, Bonacci se queda con parte de los gastos de campaña y también de lugares en las listas. Así fue como su hija Rocío logró ingresar como diputada.
LA INICIATIVA
El proyecto, en su artículo 85, propone volver a penalizar «con reclusión o prisión de uno a cuatro años» a quien causare el aborto en cualquier etapa de gestación y en el artículo 86 reinstala la «inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena» a los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que «abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo».
Actualmente, de acuerdo con la ley 27.610 que se encuentra vigente, ambos artículos indican que no se incurre en delito en caso de que el aborto sea realizado dentro de las primeras 14 semanas de gestación y «con consentimiento de la persona gestante».
En tanto la propuesta libertaria pide volver a modificar el artículo 85 del Código Penal y penalizaría «con reclusión o prisión de uno a cuatro años» si se practicara un aborto con consentimiento «de la mujer».
Además, se eliminaría el artículo 85 bis, que reprime «con prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena» a quien «dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare» a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.
Asimismo, se modificaría el artículo 88 del Código Penal: «Será reprimida con prisión de uno a tres años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare».
En la legislación actual, este artículo aplica de tres meses a un año a la persona gestante que, «luego de la semana catorce de gestación causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causare». El proyecto presentado por LLA plantea además que «la tentativa de la mujer no es punible. El juez podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho».
Fuente: Tiempo Argentino y Télam
