El juez Civil y Comercial Nº 21 Julián Flores hizo lugar a la medida cautelar presentada por el Defensor del Pueblo, Bernardo Voloj para que el boleto a $1.150 que comenzó a implementarse en la tarde de este lunes, quede sin efecto. La medida judicial regirá hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
La Defensoría del Pueblo alegó que la audiencia pública celebrada el 23 de septiembre de 2024 fue llevada a cabo de manera irregular. Indicó que se vulneró los derechos de la ciudadanía al no proporcionar información clave, como el porcentaje de subsidios estatales, y entregando documentación en parte ilegible.
Estas omisiones constituyen una violación al derecho a la información previsto en el artículo 42 de la Constitución Nacional, lo que afectó la participación efectiva de la población en un asunto de interés público esencial, como lo es el servicio de transporte.
En ese orden de ideas, se sostiene que el aumento tarifario no ha respetado los principios constitucionales de proporcionalidad y gradualidad, afectando gravemente a los sectores más vulnerables, quienes, debido al incremento desproporcionado, se ven imposibilitados de utilizar el servicio de transporte público.