En el marco de la denuncia penal contra funcionarios, empresarios y legisladores provinciales realizada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la jueza federal Zunilda Niremperger (Juzgado Federal N°1 de Resistencia) dictó una medida cautelar que suspende los desmontes en toda la provincia por el término de 3 meses (ampliables). «Esto representa una gran victoria judicial», aseguraron los abogados que denunciaron.
DENUNCIA PENAL
La megadenuncia penal, presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas el pasado 3 de julio devela el aceitado mecanismo de corrupción público/privado que lucra con la destrucción del monte chaqueño. Los delitos que denuncian son: abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), tráfico de influencias (art. 256 bis), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265), malversación de caudales públicos (art. 260), y Asociación Ilícita, entre otros.
El miércoles pasado, el fiscal Sabadini presentó un requerimiento en el que solicitó esta medida cautelar e impulsó la investigación para siete imputados, entre ellos actuales y exfuncionarios y legisladores provinciales, por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales y asociación ilícita. Además, el fiscal solicitó también la aplicación de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, lo que implica que no solo se investigará a individuos, sino también a empresas como VICENTIN; LAS GUINDAS; ESTABLECIMIENTO MONTERREY; CUENCA DEL SALADO; GRUPO BURATOVICH HERMANOS; MSU; TRIAD; ALEJANDRO HAYES CONI, RICARDO SHIHON y JERILDERIE; CIGRA; y LA NUEVA PIRÁMIDE., entre otras.
Los siete imputados por la fiscalía son el gestor forestal y actual ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Hernán Javier Halavacs; el actual empresario forestal y exdirector de Bosques, Miguel Ángel López; el exsubsecretario de Desarrollo Forestal y actual asesor legal del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Luciano Olivares; el empresario forestal y diputado provincial Atlanto Honcheruk; el diputado provincial Juan José Bergia; el intendente de la localidad de El Espinillo, Zenón Cuellar; y el exsubsecretario de Recursos Naturales y también exministro de Planificación y Ambiente, Hernán Miguel Brunswig.
MEDIDA CAUTELAR
En la medida judicial, la jueza Niremperger, concedió el dictado de una medida cautelar para la suspensión de los desmontes, que habíamos solicitado en dicha demanda. A través de la resolución la magistrada ordenó al Poder Ejecutivo de Chaco, Ministerio de la Producción y Desarrollo Económico Sostenibles, la suspensión de los desmontes, tanto los que hubieren sido autorizados y aún no se han ejecutado, como así, el otorgamiento de nuevos permisos para ello, en el territorio de toda la provincia.
Al sostener su decisión de dictar la medida cautelar, Niremperger también afirmó que “la prevención debe ser la política principal respecto a la protección del medio ambiente”.
“Debe ponerse de relevancia la interdependencia existente entre los bosques, la tierra y los seres humanos, especialmente en estos lugares donde existen comunidades indígenas con estrecha relación con la tierra y el ambiente, ya que la afectación al ambiente es una afectación a la humanidad”, destacó la magistrada.
La jueza federal también afirmó: “Tengo en cuenta el daño inminente e irreversible que podría ocasionarse al ecosistema en caso de continuarse con los actos de desmontes en el territorio de esta provincia, sobre todo en las áreas protegidas, por cuanto en el contexto en análisis, la tala de un árbol podría significar no sólo un perjuicio al ambiente global sino a todos los seres vivos del lugar -seres humanos y animales-, con especial relevancia en las especies en extinción que han sido mencionadas en la solicitud”.
“Más aún, teniendo en cuenta que la afectación de los derechos puede darse siempre con mayor intensidad en los grupos vulnerables, ya que es sabido que los daños ambientales tienen relevancia especifica en los pueblos indígenas, niños y niñas, en las personas que viven en situación de pobreza, en las personas con discapacidad, en las minorías, conociéndose además el impacto diferenciado que tiene sobre las mujeres”, agregó.
Podes leer el fallo completo aquí.
