La medida fue promovida por la asociación civil Conciencia Solidaria al Cuidado del Medio Ambiente, el Equilibrio Ecológico y los Derechos Humanos, que el 27 de julio interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la Ley provincial 4005-R, “por incompetencia en el dictado de actos administrativos y legislativos contrarios al reglamento de la Cámara de la Cámara de Diputados (art.19.inc.b y d), Constitución Provincial (art.141 Inc.12), Constitución Nacional (art 41); Convenciones Internacionales de Derechos Humanos y Leyes Nacionales 25,675, 26.331, 27.520 y 27.566, además de las resoluciones del Cofema 236/12 y 277/14.
El 1° de agosto se corrió vista de la acción al Procurador General, quien se expidió por dictamen 1214, “entendiendo que se encontraban reunidos los recaudos requeridos para la habilitación de la vía”.
En ña resolución del Superior Tribunal de Justicia que lleva fecha de este lunes 2 de septiembre de 2024, se establece que “de los dichos de la parte accionante surge que la demanda fue interpuesta por quien tendría legitimación activa y que, además, alegan y exponen los derechos e intereses legítimos que estarían vulnerados. Asimismo, se indican las cláusulas constitucionales y preceptos de jerarquía equivalentes que se estiman violentados”. Y, en conformidad a lo dictaminado por el Procurador General, considera cumplidos prima facie los requisitos formales exigidos por la ley 1966-B. Por lo que corre traslado a de la demanda conjuntamente con la documental y pruebas ofrecidas, al Gobernador del Chaco, a la presidenta de la Cámara de Diputados y al Fiscal de Estado por el término de 10 días.
Y resuelve “declarar formalmente admisible la acción de inconstitucionalidad” interpuesta por quienes patrocinaron la misma.
La resolución lleva las firmas de los jueces María Emilia Valle, Iride Grillo y Alberto Modi.
