La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Chaco- Impenetrable y Regional Resistencia se sumaron a los cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y repudió la aprobación de la ley de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de Chaco.
A través de un comunicado de prensa, titulado ‘La legislatura del Chaco al servicio de las corporaciones”, el organismo expresó su “absoluto rechazo y repudio a la sanción de la Ley 423/2024 que modifica y ratifica el Decreto Provincial N* 2157/22”.
“La vigencia de esta ley permitirá el desmonte de más de un millón de hectáreas violando el principio de no regresión ambiental, generará la desprotección de corredores de conservación de especies nativas en peligro de extinción y ‘legaliza’ también las recategorizaciones prediales otorgadas en la gestión del exgobernador, Domingo Peppo, que fueron realizadas en contra de las normas ambientales vigentes”, advirtió el documento.
La Asamblea declaró “inconstitucional” la normativa sancionada el martes por la madrugada en el Parlamento chaqueño “por violar la Constitución Provincial y la Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos mínimos sobre protección ambiental de los Bosques Nativos”. Asimismo, expuso que “transgrede lo establecido por la Ley General “del Ambiente y el Tratado de Escazú” y “no respeta la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas establecida en el Convenio N*169 de la Organización Internacional del Trabajo; como tampoco la opinión de las comunidades campesinas de nuestra provincia del Chaco”.
“Con la aprobación de la Ley 423/2024, la Legislatura de la provincia es responsable al igual que las acciones que impulsa el gobernador Zdero en sintonía con los dos tercios de las y los legisladores que dieron su voto positivo a esta ley; perpetrándose en el futuro inmediato el saqueo de bienes ambientales al servicio de las corporaciones extractivistas agroganaderas y forestales que destruyen el patrimonio de nuestras futuras generaciones”, sostuvieron.
Para la Asamblea de Derechos Humanos, “una vez más, el poder político da la espalda a los intereses de los ciudadanos con un modelo productivo de explotación y precarización laboral obsoleto y afectando a la población más vulnerable”.
