La Intergremial Judicial del Chaco y la Entidad de Justicia de Paz y Faltas rechazaron la Resolución 73 que establece una convocatoria a una audiencia que se celebrará en el Centro de Estudios Judiciales, este viernes a las 8, una reunión de carácter salarial a la que no fueron llamados los representantes gremiales teniendo como objetivo “evaluar el grado de avance en la implementación del nuevo mecanismo destinado a restablecer de manera efectiva y definitiva la garantía de intangibilidad de las remuneraciones de magistrados y funcionarios… ”.
Según el comunicado de la Intergremial, «este Tribunal se arroga facultades del Poder Ejecutivo, Legislativo y del Ministerio de Trabajo de la provincia, atribuyéndose el poder de policía, ellos mismos se están autoconvocando, de una forma inconstitucional e ilegal».
Informa que para la audiencia se convocan a las partes demandantes, a los representantes que designen el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo provincial, a la Procuración General del Poder Judicial y al Sr. Fiscal de Estado, «no así a los gremios Judiciales representantes de los trabajadores, quienes son los únicos habilitados por la Constitución nacional, provincial y leyes que rigen la materia».
«Al tratarse en dicha audiencia el salario se genera un conflicto de derecho que afecta gravemente a todo el personal judicial. Toda esta trama no es más que un nuevo intento de desenganche de Magistrados con el resto del personal, lo que de ninguna manera los gremios vamos a permitir», advierten.
Aclaran que «estos jueces que se van a sentar a discutir por sus propios salarios son juez y parte en una contradicción manifiesta a lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la misma causa Alonso de Martina».
«Por la gravedad Institucional que está cometiendo este Tribunal Ad Hoc exigimos una urgente convocatoria al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ante este nuevo atropello de magistrados que con una resolución ordenan una audiencia para discutir cuestiones salariales dejando afuera a los gremios judiciales, que son los únicos constitucional y legalmente habilitados para discutir salarios», concluye la proclama.
