Tras haber completado la renegociación de una deuda de u$s570 millones con los acreedores de la metalúrgica estatal IMPSA, quedó firmada hoy la privatización de la empresa que pasará a manos de la estadounidense Arc Energy. Esta firma tiene vínculos con el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
La operación consistió en el traspaso del 84,9% de las acciones clase C que el gobierno de la Nación y la provincia de Mendoza poseían tras el salvataje estatal que instrumentó en 2021 el entonces presidente Alberto Fernández.
La firma se realizó este mediodía en las instalaciones de la empresa metalmecánica en Mendoza, con la participación de la vicegobernadora Hebe Casado; la ministra de Energía, Jimena Latorre; y el gobernador Alfredo Cornejo, quien participó mediante videoconferencia ya que se encuentra de viaje por Europa.
Arc Energy, forma parte del consorcio Industrial Acquisitions Fund (IAF). Para quedarse con Impsa, además de asumir los pasivos, comprometió una inversión de u$s27 millones para capitalizar la empresa.
Ese aporte de capital se instrumentará mediante un esquema de desembolsos y «forma parte del compromiso asumido por la nueva administración para garantizar la sostenibilidad financiera de IMPSA, promoviendo su desarrollo y crecimiento en el sector», se informó. De esta forma, se busca «fortalecer la capacidad operativa y fortalecer el proceso de recupero de la economía local y nacional», añadió el informe oficial.
LA VENTA
El proceso de venta comenzó el 1 de octubre de 2024, cuando el Gobierno abrió un llamado a licitación internacional. Hubo varios interesados, pero solo ARC Energy presentó una oferta formal. El 31 de octubre de 2024, la compañía estadounidense ofertó u$s27 millones, comprometiéndose a mantener la operación y los puestos de trabajo.
En diciembre, el Ministerio de Economía pidió un ajuste en la oferta para mejorar las condiciones de la operación. En enero, ARC Energy detalló los puntos centrales de su propuesta final, lo que permitió avanzar con la adjudicación definitiva.
Pero el traspaso definitivo de la empresa estuvo condicionado a la negociación de una deuda de u$s576 millones, cuya reestructuración se terminó de acordar este lunes 10 de febrero, tras una prórroga solicitada respecto del plazo original del 31 de enero.
Los principales acreedores son el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco Hipotecario, el Banco BICE, Export Development Canadá, la Corporación Andina de Fomento, el banco brasileño Bradesco y los tenedores de Obligaciones Negociables.
