Con el objetivo de avanzar con las desregulaciones, el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, rubricaron el decreto 695 que se publicó esta medianoche en el Boletín Oficial. Así, se dio forma a un primer bloque de artículos que componen la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
“Ya se aprobó un decreto y en la semana se va a aprobar seguramente la implementación del capítulo del RIGI, pero ya se ha aprobado la reglamentación con el decreto y sobre todo, con el tema de los procedimientos administrativos y todas las normas que hacen a la desburocratización del Estado”, adelantó el jefe de Gabinete Guillermo Francos respecto a la ley Bases.
Además, en declaraciones a Radio Mitre, el funcionario precisó que la reglamentación verá la luz este lunes. “Una vez que se publique en el Boletín Oficial, que será el lunes, ya se pone en vigencia, pero es el primer paso, de varios que vamos a ir dando sucesivamente”, afirmó.
Tal como confirmaron fuentes oficiales al medio nacional Ámbito, la primera etapa de la reglamentación de la ley Bases incluye los artículos vinculados a la Reforma del Estado, que prevé un reordenamiento administrativo y cuanta con el apartado sobre las privatizaciones y las modificaciones implementadas a las normativas de empleo público.
La normativa habilita “la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario”, como también la “fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia” de organismos dependientes del Poder Ejecutivo o entes descentralizados. Sin embargo, exceptúa de la misma al CONICET, el INTA, la Comisión de Actividades Espaciales (CONAE), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF), el SENASA, el CENARD, el Servicio Meteorológico, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), entre otros.
Respecto a las privatizaciones, el decreto cuanta con un anexo en el que se explicitan los detalles del alcance que tendrá la normativa respecto a las privatizaciones en forma total o parcial de Energía Argentina, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
Por último, la reglamentación de la ley Bases pone en marcha el nuevo esquema regulatorio del empleo público. El megaproyecto señala en el artículo 52 del Capítulo IV la modificación del artículo 11 del Anexo de la Ley N° 25.164 (Ley Marco) por la siguiente redacción: “El personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas; o de reducción por encontrarse excedida, conforme surja del informe fundado del órgano competente en la materia, la dotación óptima necesaria, quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta doce (12) meses, conforme lo establezca la reglamentación».
De acuerdo a cifras a las que accedió el mismo medio nacional, la nueva regulación dejará en la mira del Gobierno a un total de 125.000 empleados que actualmente cuentan con estabilidad plena porque están bajo el amparo de la ley Marco y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Sumados a los 55 mil de planta transitoria, el universo de empleados públicos en riesgo se elevaría a 180.000.
