El gobierno de Javier Milei tiene en la mira dos nuevas empresas estatales que buscará privatizar en las siguientes semanas: se trata de Corredores Viales y la Administración General de Puertos (AGP). Según fuentes oficiales, la administración libertaria buscará avanzar con el cierre, o al menos esquemas de privatización, de dichas compañías que consideran que «hacen el trabajo redundante» con otros organismos y ministerios existentes.
De esta manera, el Gobierno suma dos nuevos ítems a una larga lista de empresas u organismos del Estado que buscan ser privatizadas, reestructuradas o cerradas. En los últimos meses, destacan los debates generados en torno a Aerolíneas Argentinas, la Casa de la Moneda, ARSAT, Trenes Argentinos, entre otras.
Las dos nuevas empresas que buscará cerrar el Gobierno
Corredores Viales y la AGP son las dos nuevas empresas que están en la mira del Gobierno y serán susceptibles de ser privatizadas. Ambas se encuentran bajo la influencia del ministerio de Economía, dirigido por Luis Caputo.
En total, la empresa cubre casi 6.000 kilómetros de corredores viales a lo largo y ancho del país. Su titular es, desde 2024, José Luis Acevedo.
Por otro lado, el Gobierno también busca avanzar sobre la Administración General de Puertos. La AGP fue creada en 1956, mediante el decreto-ley 4263/56. Entre sus principales funciones se encuentran la explotación administración y mantenimiento de todos los puertos marítimos y fluviales del país, a excepción de los que son responsabilidad de Prefectura Nacional Marítima y la Dirección Nacional de Aduanas.
En la actualidad, el organismo rector sobre los puertos cuenta con 581 empleados de planta permanente. Su titular es Gastón Alejo Benvenuto, quién tiene a cargo la administración del puerto de Buenos Aires y el Sistema de Navegación Troncal.
Según detallaron fuentes del oficialismo a este medio, desde el Gobierno consideran que estas empresas hacen un trabajo «redundante» con organismos y ministerios que ya existen. En este caso, detallaron que Corredores Viales se ocupa de las mismas áreas que la Dirección Nacional de Vialidad, mientras que AGP duplica las funciones de la Secretaría de Puertos y Vías navegables.
Bajo esta justificación de desregular el Estado y bajo el discurso de mejorar la eficiencia en la utilización de recursos estatales, la administración de Milei se apalanca en el trabajo de los ministros Caputo y Sturzenegger para avanzar en el cierre y/o privatización de empresas en mano del Estado.
