Agricultores familiares, pobladores que son históricos en la localidad de Gancedo “están siendo intimados desde el Municipio”, bajo la intendencia de Alberto Korovaichuk, del Nuevo Espacio de Participación del Chaco (NEPAR), para que no realicen ningún tipo de trabajo en las tierras que por décadas vienen trabajando para su producción, autoconsumo y venta de excedentes, “dejándolos en riesgo alimentario”, denunciaron desde la CTA.
El Municipio desde marzo intimó mediante carta documento a los productores para que se abstengan de entrar o realizar trabajos en los terrenos que serían del ejido municipal, y ordenó que solicitaran autorización para realizar trabajo en ellos.
La nota dirigida al Consorcio de Servicio Rural N° 76 el 11 de junio sobre la abstención de realizar trabajos de servicios rurales a 15 familias. La antesala fueron intimaciones individuales que fueron recibiendo por parte del apoderado legal del Municipio.
LAS TIERRAS
En las tierras en conflicto están agricultores familiares que vienen produciendo año tras años sandias, zapallos, cerdos, maíz, aves de corral, entre 10, 25, 35 y hasta 70 años es el tiempo de afincamiento de las familias.
“Allí fueron trabajando, criando sus hijxs, produciendo sus propios alimentos y proveyendo de alimentos al pueblo. Hay quienes iniciaron la prescripción adquisitiva (conocida como la Ley veinteañal), derecho que tienen los poseedores de más de 20 años para tener la titularidad de esas tierras, hay otros que cuentan con ordenanza de venta de las tierras, otros que tienen ordenanza de plan de pago por impuestos municipales de esas tierras, una familia con acción de prescripción adquisitiva. Numerosas pruebas de la posesión efectiva, sin contar las decenas de vecinos que, de ser necesario pueden testimoniar esta realidad; además de la producción propiamente dicha y mejoras que fueron realizando en los predios”, explicaron desde la central.
La situación tiene agravantes por el riesgo, por las intimaciones, de desamparo total de estas familias, con numerosas infancias involucradas. Pero también se torna más compleja por la falta de un clima de diálogo. Las familias están dispuestas pero la Intendencia no facilita, no promueve una mesa de negociación, o de búsqueda de una salida consensuada. “No solo no propone una salida dialogada el Intendente, si no en varios casos – como acto de verdadero autoritarismo- se niega a venderles el agua, un derecho humano elemental que en ningún lugar del mundo se desconoce”, manifestaron.
La CTA del Chaco, hizo público con un comunicado este conflicto, a sabiendas que es el único en la provincia ni en el país, “haciéndose eco del desamparo de estas familias, que no son responsables de ser pobres (para pagar oportunamente asesorías legales y onerosas e inalcanzables mensuras), ni son responsables de la falta de políticas públicas adecuadas, tanto en la provincia como en los municipios, y solo son víctimas que padecen autoritarismos sin anticuerpos institucionales, y la eterna improvisación cortoplacista de nuestros poderes públicos. Solicitamos se abran los ojos y oídos de Secretarías y Ministerios respectivos, legisladores e incluso los partidos políticos que no pueden ni se deben confundir, que ganar las elecciones no les otorga impunidad, sino la obligación de ser autoridad para cumplir con la ley, respetar los derechos humanos y cuidar a cada ciudadano”, concluyeron.
