El protocolo para la atención integral de personas que optan por acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo quedó oficializado con la publicación de su aprobación por parte de la cartera de Salud, encabezada por Carla Vizzotti, en el Boletín Oficial. La norma dispone que el protocolo se incorpora al “Programa nacional de garantía de calidad” de la atención médica.
“Esta es una enorme conquista en nuestra historia. Este protocolo llega otorgando las herramientas no sólo para que la gente pueda conocer y reclamar sus derechos si no para que el Estado lo garantice de la manera que corresponde”, dijo Vilma Ibarra, secretaria de Ciencia y Técnica de la Nación. “Esto es producto de muchas luchas de muchas personas, de muchas diversidades”, destacó. “Hoy tenemos un protocolo que llega a todo el territorio enmarcado en una ley. Eso habla de un bloque constitucional que establece un contexto de la situación del aborto en el mundo, en Argentina y en la región. Establece los derechos de las personas gestantes, cómo se enmarcan esos derechos y después cómo lo garantizamos”, afirmó.
Por su parte, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, desde Cuba destacó la importancia de esta presentación. “Esto que es un derecho humano consagrado universalmente e integral esto todavía no ocurre para millones de mujeres y diversidades, mencionar que esta resolución ministerial, que se publique y se haga un acto mujeres del ministerio es muy relevante en el medio de una pandemia estamos trabajando para seguir ampliando derechos para implementarlos en forma efectiva en todo el país, trabajando desde Nación, desde las provincias, desde los municipios”.
El protocolo, según explicó Valeria Isla, directora de Salud sexual y reproductiva, busca sumar más equipos de salud para realizar las prácticas. Tiene dos grandes aparatados, por un lado, el marco legal que hace un recorrido sobre condiciones de accesos, principios rectores, plazos, objeción de conciencia y responsabilidades de todo el sistema de salud. Por otro lado, están las indicaciones del estándar del proceso de atención que debe ser integral para el acceso.
La resolución señala en sus considerandos que, mediante la ley N° 27.610, se reguló el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de otras personas con capacidad de gestar para contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible. (Fuente: Tiempo Argentino).
