El allanamiento del viernes pasado al departamento de Puerto Madero en el que vive Alberto Fernández fue un aviso, un mensaje (poco) cifrado del juez Julián Ercolini: el ex presidente puede ir preso.
Si de los teléfonos y otros elementos de computación secuestrados esa noche surgiera que Fernández intentó aproximarse desde la distancia a su ex pareja Fabiola Yañez violando la orden de “suspender todo tipo de contacto físico, telefónico -por línea fija y/o celular-, por correo electrónico, sistema de mensajería de texto y/o voz a través de cualquier plataforma, por vía de terceras personas y/o por cualquier otro medio”, el fiscal Carlos Rívolo (o Ramiro González, el titular de esa fiscalía) estaría en condiciones de pedir su detención.
La “Guía de actuación en casos de violencia doméstica” de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) –que es parte en este proceso- establece que “cuando el agresor incumple las medidas preventivas urgentes, las fiscalías deben evaluar si la conducta del imputado configura un riesgo procesal que amerite su prisión preventiva”.
Fuente: Tiempo Argentino
