La ONG Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y familiares de fallecidos bajo custodia policial durante el régimen de excepción en El Salvador reclamaron este viernes a la Fiscalía abrir una investigación sobre supuestos crímenes de lesa humanidad en las prisiones.
La titular de SJH, Ingrid Escobar, señaló que ante la Fiscalía General de la República se radicó un aviso y una denuncia por “violación a derechos humanos que puede significar crímenes de lesa humanidad, específicamente de torturas dentro de centros penales”.
En este sentido, la funcionaria indicó que las denuncias se basan en presuntos atropellos cometidos en los centros penitenciarios La Esperanza, Apanteos, Quezaltepeque, Zacatecoluca, Izalco, así como en cárceles de la Policía Nacional Civil.
De acuerdo con la organización, se ha documentado que han muerto más de 200 personas bajo custodia estatal, aunque el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) no ha registrado ningún deceso.
A guisa de ejemplo, Escobar mencionó el caso del sindicalista José Leonidas Bonilla. “Tenemos la autopsia, la información de que él fue torturado y hay señales claras de que esto es cierto, entonces presumimos que es así y queremos en este momento que la Fiscalía General de la República investigue”, expresó.
A su vez, la directora de SJH aseguró que la ONG va a iniciar este proceso de reparación, el cual, apuntó, se tendrá que finalizar en la sede nacional para luego escalar a la internacional.
Según fuentes oficiales, desde que se aprobó el régimen de excepción en marzo de 2022 se contabilizan más de 75.000 detenciones, tras las cuales unas 7.000 personas sido puestas en libertad condicional.
El Gobierno del mandatario Nayib Bukele ha afirmado que la medida contribuye a hacer frente al crimen organizado, pero organizaciones de derechos humanos han denunciado que se ha apresado a miles de personas sin vínculos con grupos o actividades criminales.
Además, han advertido que algunas de ellas han sido privadas de atención médica o de medicinas para atender dolencias crónicas, han perdido sus empleos tras ser arrestados de manera arbitraria e incluso han sufrido golpizas de guardias penitenciarios o privados de libertad que han derivado en lesiones graves y hasta la muerte.
