La pandemia por el coronavirus hizo llover ante la Justicia pedidos de prisión domiciliaria por parte de represores detenidos: muchos fueron rechazados y otros, pese a las quejas expresadas por organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, fueron concedidos. Ayer, a los primeros se sumaron los condenados Héctor Vergez, Miguel Etchecolatz y Carlos «Indio» Castillo. Pero, el represor Lucio Nast sí obtuvo el beneficio.
La Cámara de Casación rechazó el planteo de la defensa de Vergez, que pretendía hacerlo volver a su casa por el riesgo de contagio de la COVID-19 para un preso de su edad y con patologías de un paciente de alto riesgo. El máximo tribunal penal del país declaró «inadmisible» el recurso presentado por la defensa de Vergez, de 76 años, y detenido en la unidad 34 de Campo de Mayo. En el caso de Etchecolatz, de 90 años, el Tribunal Oral Federal N° 6 había resuelto no hacer el lugar al beneficio de la prisión domiciliaria, por lo que la defensa interpuso el recurso de Casación. «La defensa alegó que se encuentra en el grupo de riesgo más vulnerable al virus de la COVID-19 y, por ello, solicitó la habilitación de feria», reza el fallo. Los jueces de la Sala IV respondieron que no hay casos de coronavirus en el HPC de Ezeiza. Etchecolatz fue el primer condenado por genocida luego de la anulación de las leyes de impunidad en 2008. Carlos Ernesto «El Indio» Castillo, quien fue condenado a prisión perpetua por secuestros y homicidios cometidos entre febrero y abril de 1976, también había requerido detención domiciliaria, pero le fue denegada.
Diferente fue la resolución de la Sala II de la Cámara de Casación, que concedió el arresto domiciliario al represor Lucio Nast, de 66 años, a través de un fallo alcanzado por una mayoría que consideró que por su edad y por su estado salud es un detenido de “alto riesgo” ante el avance de la pandemia. La paradoja es que, al igual que Etchecolatz, está alojado en la cárcel de Ezeiza. La decisión fue adoptada por los jueces Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques, que votaron por concederle el beneficio al represor, mientras que el magistrado Alejandro Slokar votó en disidencia y alertó sobre el riesgo de que, bajo el pretexto de la pandemia, se encubran actos de impunidad.
Nast fue condenado a 22 años de prisión en la megacausa Feced por crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 43 víctimas en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura de Policía de Rosario. (Fuente: Página 12).
