Este miércoles el gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la reglamentación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) prevista en el DNU 70/2023, que entra en vigencia a partir de este jueves. La medida -que ya había sido rechazada por entidades deportivas como la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)- lleva las firmas de Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y obliga a las asociaciones, federaciones y confederaciones deportivas a cambiar sus estatutos en el plazo de 1 año. Esta avanzada del oficialismo contra los clubes puede ser penalizada por las entidades deportivas internacionales.
«Un gobierno que dice basarse en la libertad ha vulnerado por DNU la Ley del Deporte que garantiza a todas las instituciones la libre gestión. Milei se arrogó las facultades de comisión directiva de todas las federaciones deportivas y clubes del país y les exige que modifiquen sus estatutos sociales. Para eso primero debiera haber una reunión de comisión directiva donde se ponga a consideración la modificación. Si se aprueba recién pasa a la Asamblea y allí tiene que tener la mayoría o a veces 2/3 para ser aprobada. Milei destruyó todo eso y se arrogó el poder de asamblea», sostiene Rodolfo Paverini, presidente de la Confederación Argentina del Deporte (CAD) —máxima autoridad deportiva en el país— en diálogo con Página|12.
¿Qué son las SAD?
Las Sociedades Anónimas Deportivas son una forma de organización jurídica en la que los propietarios de los clubes son accionistas e inversores. En Argentina, la ley y los estatutos de las diferentes entidades deportivas establecen que los clubes son asociaciones sin fines de lucro cuyos dueños son los socios que, por ejemplo, tienen derecho a votar a sus autoridades y acceder a los balances económicos.
Las SAD son una empresa, por los cual los socios no pueden votar a la dirigencia. Al tener ánimo de lucro no están obligadas a reinvertir el dinero obtenido, de manera que los propietarios pueden repartirse las ganancias.
¿Qué significa que el Gobierno haya reglamentado las SAD?
En diciembre de 2023, el gobierno nacional emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que incluyó cambios en la Ley del Deporte. Se destacan la posibilidad del ingreso de las sociedades anónimas y la obligación de las federaciones, asociaciones y confederaciones de cambiar sus estatutos —quieran o no—, los cuales hasta el momento solo reconocen a las asociaciones civiles sin fines de lucro.
Si bien las entidades deportivas tienen un plazo de un año —a partir de este jueves— para cambiar sus estatutos, el Gobierno dispuso que «no se podrá impedir, dificultar, privar o menoscabar cualquier derecho a una organización deportiva debido a su forma jurídica, ya sea una asociación civil o una sociedad anónima, siempre y cuando esté reconocida por la ley». Entonces el Gobierno no solo las obliga a cambiar sus estatutos, sino que en el mientras tanto las obliga a desobedecer el vigente.
El Decreto también establece que «las organizaciones que modifiquen su estructura jurídica tendrán derecho a mantener su participación en toda competición en la que intervinieran bajo su estructura jurídica anterior y en las mismas condiciones que se encontraban con anterioridad a la modificación producida”. De esta manera, no se les podrían aplicar sanciones a las instituciones que violen los estatutos vigentes.
El deporte argentino y la Justicia rechazaron el DNU de Milei
A pesar de los amparos presentados por diferentes entidades deportivas —incluida la CAD (conformada por 456 entidades, entre ellas la AFA)— y de las medidas cautelares de la Justicia, el Gobierno decidió avanzar con la reglamentación y los cambios entrarán en vigencia este jueves.
El 30 de enero de este año, tras un amparo presentado por la Liga de Fútbol de Salto, la Justicia Federal de Mercedes dictó una cautelar para frenar los artículos 335 (prohíbe que se le impida a una SAD afiliarse a una confederación, federación, asociación, liga o unión) y 345 (estipula que las entidades del deporte cuentan con un año para actualizar sus estatutos) del DNU. El 14 de marzo, la Cámara Federal de San Martín confirmó la cautelar y le ordenó al Estado Nacional suspender esos artículos. El juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, titular del mencionado juzgado de Mercedes, ratificó hoy la cautelar. Pero para el Gobierno —en palabras del propio secretario Daniel Scioli— esa resolución solo afecta a la Liga de Salto y no a todo el deporte argentino, un argumento con el que intenta burlar a la Justicia.
«El amparo de la CAD está en la Corte Suprema dando vueltas. Estamos esperando a que dicten competencia para ver qué juzgado lo toma. Mientras tanto el Gobierno continúa avasallando la institucionalidad», reclama Paverini.
El gran objetivo del Gobierno es privatizar —aún más— el fútbol. El estatuto de la AFA en su artículo 9 dispone que los clubes a incorporarse como invitados deberán revestir «el carácter de asociaciones civiles sin fines de lucro». En la asamblea ordinaria del 23 de noviembre de 2023 se ratificó por unanimidad el no a las SAD. En aquella ocasión hubo un solo ausente que fue Talleres de Córdoba, que más allá de que en los papeles no es una SAD, tiene manejos similares.
Hace unos días, la Asociación del Fútbol Argentino emitió un comunicado en el que aclaró que «AFA ni sus entidades miembros se encuentran en oposición a las llamadas SAD y/o a que cada asociación civil pueda decidir libremente la estructura jurídica a adoptar; ahora bien, a lo que sí se opone AFA y sus entidades miembros, puesto que es palmariamente inconstitucional, es que se quiera obligar a cualquier ente privado (la AFA y cualquier asociación civil, lo es) a asociar a entidades con diferente estructura jurídica a la de sus actuales miembros en clara oposición a sus estatutos conforme así lo establecieron sus socios».
La AFA usó un ejemplo para graficar la gravedad de la intromisión del Gobierno: «Es como que a los accionistas de una sociedad comercial (ente privado) se los quiera obligar por medio de un decreto del Poder Ejecutivo a asociar a otros accionistas por intereses particulares del gobierno de turno».
Los estatutos de FIFA y CONMEBOL, la Carta Olímpica y AFA y la CAD
La FIFA exige en su estatuto que las asociaciones «deberán administrar sus asuntos de forma independiente y procurar que no se produzca ninguna injerencia por parte de terceros en sus asuntos internos». También exige la «prevención de injerencias políticas». La CONMEBOL adhiere a la FIFA y ambas advierten que «son causales de suspensión parcial o expulsión de cualquer asociación miembro las violaciones de esas obligaciones y principios».
Por su parte, la Carta Olímpica establece que «los miembros del COI no aceptarán de los gobiernos ni terceras partes órdenes ni instrucciones susceptibles de comprometer su libertad de acción y de voto”. La violación de la Carta Olímpica es causal de suspensión y expulsión. Estas normas se repiten en todas las federaciones internacionales deportivas.
La injerencia ilegal e inconstitucional del Gobierno colisiona con los reglamentos de las instituciones internacionales del deporte, por lo que las entidades argentinas podrían recibir sanciones que van desde competir con bandera blanca en los Juegos Olímpicos hasta descalificaciones de torneos como la Copa Libertadores, entre otros.
Pensar en la suspensión o expulsión de Argentina de la FIFA, CONMEBOL u otras entidades internacionales no es descabellado. En enero de este año la Corte Suprema de Brasil restituyó al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ednaldo Rodrigues, quien había sido destituido de su cargo a comienzos de diciembre por un fallo de la Justicia Federal de Rio de Janeiro debido a supuestas irregularidades en las elecciones.
FIFA y CONMEBOL adviertieron que de no revertirse ese fallo descalificarían a las selecciones y clubes de Brasil. La Procuraduría General de la República (PGR) y la Abogacía General de Brasil le recomendaron a la Corte Suprema que suspendiera la decisión judicial debido a la amenaza de desafiliación.
Existen 3 instituciones que pueden tomar la decisión de reclamar a los organismos internacionales por esta intromisión: el Comité Olímpico Argentino (COA), la AFA y la CAD. Por el lado del COA es muy difícil: Gerardo Werthein, nombrado embajador de Argentina en Estados Unidos por Milei, es presidente honorario del Comité Olímpico Argentino y vicepresidente del Comité Olímpico Internacional. El COA no se ha manifestado de manera oficial con respecto al DNU y a pesar de los múltiples intentos y consultas de este diario, no han respondido hasta el momento.
En cuanto a la AFA, es importante recordar que el expresidente Mauricio Macri, el primer gran impulsor de la privatización del fútbol en los finales de la década del 90, es presidente de la Fundación FIFA y muy cercano al presidente Gianni Infantino, con quien el propio Milei se reunió hace una semanas para discutir el financiamiento de los clubes.
«Tapia está condicionado por Macri. Hay una operación pinza para que ninguna de las 2 instituciones puedan llevar el reclamo adelante. Es indudable que Macri puede tener influencia en la decisión del Comité Ejecutivo de la FIFA, seríamos muy infantiles en pensar lo contrario», asegura Paverini.
Desde la CAD aseguran que intentaron ser prudentes, pero la reglamentación del DNU cambia completamente el panorama y que si el COI o la AFA no toman ninguna determinación, ellos sí lo harán.
Pero más allá del avasallamiento a la institucionalidad de deporte argentino, el DNU también prevé que las SAD puedan tener los mismos beneficios de los que gozan las asociaciones civiles sin fines de lucro. Desde recibir las becas para sus atletas —como las que el ENARD le da a los atletas olímpicos— hasta el hecho de tener los mismos beneficios previsionales e impositivos Por ejemplo en las tarifas de luz y gas. El Gobierno no solo apoyaría la privatización de los clubes, sino que incluso la estaría subsidiando.
