El Gobierno de Javier Milei intervino la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual -desplazando así a Miriam Lewin- y designó como interventora a la diputada nacional del PRO Soher El Sukaria. Los titulares del Senado y de la Cámara de Diputados, Victoria Villarruel y Martín Menem, respectivamente, aprovecharon que la comisión bicameral encargada de proponer un candidato para conducir el organismo no está conformada y le pusieron el gancho a la resolución con el nombramiento de la legisladora cordobesa.
Entre los argumentos para la intevención, Villarruel y Menem señalaron que hubo «irregularidades» y, además, destacaron la creación del Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (NODIO) en octubre de 2020, lo que «habría generado un incremento en la contratación de personal, gastos operativos, financiamiento de manuales, publicaciones, etc.».
La vice y el riojano apuntaron también que el Observatorio tenía como fin real la estigmatización y persecución de periodistas, ciudadanos» o cualquier persona con ideas que no fueran afines a la administración anterior. Aunque más temprano este viernes fue el presidente Milei quien usó su cuenta de X para atacar a la prensa y señalarla como «el rostro del totalitarismo».
«Periodistas, ustedes han elegido la noble función de informar. Saben que si mienten está mal y así como a Ustedes les gusta controlar al poder, no se quejen si las personas quieren controlar si dicen la verdad», amenazó.
El principal elemento que utilizó el oficialismo para fundamentar la resolución fue una nota presentada por los diputados aliados Cristian Ritondo, Silvana Giudici, Hernán Lombardi y Sabrina Ajmechet. En la carta, presentada en marzo de este año, los legisladores pedían la intervención de la Defensoría «en razón de tales irregularidades, llevadas a cabo durante la gestión que finalizó su mandato en el mes de junio de 2024».
En los considerandos se menciona que Ritondo, Giudici, Lombardi y Ajmechet aseguraron que el organismo lleva «tres años sin el debido control parlamentario, administrativo, de evolución de recursos humanos, de topes presupuestarios o de rendición de cuentas periódicas»,
Esto calzó perfecto con el mantra preferido del Gobierno nacional para ajustar: no hay plata. Por esa razón, se «requiere del acompañamiento de las estructuras de Estado en consonancia con los efectos negativos» de la crisis económica y social «soportados por la población en su conjunto.
La resolución establece que habrá una auditoria, a fin de «elaborar y elevar a las Presidencias de ambas Cámaras del Congreso Nacional un informe sustanciado del estado de situación» de la Defensoría; además de «evaluar la actual estructura de sus recursos humanos y determinar -en su caso- una reorganización funcional y operativa». La comisión tendrá un plazo de 60 días para mostrar sus resultados a ambas cámaras del Congreso.
Al no haberse conformado la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, Villarruel y Menem pudieron poner a El Sukaria.
