El Gobierno volvió a hacer el anuncio como todo un logro en sí mismo, toda una promesa de campaña cumplida: da de baja, a partir del 1° de enero, los contratos de 2400 trabajadores del Ministerio de Justicia. Los presenta, sin mayores explicaciones, como «irregulares». Esto significa en los hechos que casi la mitad de la planta de la cartera, que abarca las áreas administrativas pero también los espacios de memoria, las tareas de la secretaría de derechos humanos, de los centros de acceso a la justicia, quedará despedida.
Para los que quedan también hubo anuncios de «logros de gestión»: desde el mes que viene se les recortarán los salarios, suprimiendo ítems no remunerativos, que en muchos casos implican la mitad y hasta el 70 por ciento de lo percibido. Sin movilización en el día de ayer, los trabajadores del Estado se declararon en estado de alerta y movilización y desde ATE convocaron frente a la sede del ministerio para este jueves.
«Se eliminaron dos nuevos curros de la política relacionados al rubro automotor. El Ministerio de Justicia finalizó más de 2.400 contrataciones irregulares a través del ente cooperador Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina, más conocido como Acara. Estos empleados habían sido contratados de manera espuria durante décadas por fuera de los mecanismos previstos por el sistema nacional de empleo público», anunció en su conferencia de prensa el vocero, Manuel Adorni.
La segunda «buena nueva» fue que «se suprimió el pago de incentivos al personal del ministerio, que representaban un gasto anual de 15.600 millones de pesos». Un monto que, detalló, inicialmente se pagaba para que los empleados se capacitaran, «pero como todas estas cosas en el Estado se terminaron desvirtuando. Se convirtieron en parte del sueldo sin que del otro lado haya ningún tipo de capacitación que haga que eso se justifique».
Entre lo que se desvirtúa con los años en el Estado están, se sabe, los salarios, que terminan «completándose» con este tipo de ítems no remunerativos, estipulados por ley. De hecho hay más de un fallo laboral que llegó hasta la Corte Suprema a raíz de estos ítems, que en todos los casos dictaminó que estos complementos salariales forman parte, justamente, del salario.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, también se refirió a los despidos de la mitad de su cartera como un gran logro, una forma de «desarmar las cajas de la política». Aseguró que el mecanismo utilizado permitía «esquivar controles», contratar personal «fuera de los sistemas establecidos para el empleo público» y «otorgar incentivos arbitrarios». «Esto recién empieza, se terminó la joda», prometió.
Los contratos gestionados a través de entes cooperadores son, en rigor, modalidades habituales de contratación en el Ministerio de Justicia, establecidas por ley y reglamentadas. Además de Acara, hay contratos a través de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), el Colegio Público de Abogados, del Colegio de Escribanos, el ente tripartito de la Inspección General de Justicia (integrado a su vez por los colegios de Abogados de CABA, de Escribanos y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas).
Como en el resto de las reparticiones públicas, una porción importante de trabajadores con años de antigüedad no forman parte de la planta sino que son incorporados a través de estos contratos o del conocido «artículo 9», destinado a tareas transitorias, pero extendido en los hechos a través de los años y los gobiernos.
Los trabajadores de Justicia y Derechos Humanos vienen denunciando desde hace tiempo persecución, amedrentamiento y amenazas constantes de despido dentro de la cartera. Entre otras prácticas, la firma de retiros voluntarios que denuncian como extorsivos: para obtener un nuevo contrato y poder mantener el trabajo, se exige previamente a los trabajadores la firma del retiro, con montos muy inferiores a los que corresponden por antigüedad. Fue el paso previo al anuncio directo de fin de las contrataciones.
«Hoy vemos una primera culminación de esa gran tanda de despidos que vienen anunciando. Es la mitad del ministerio, están desarmando áreas enteras, tanto en Justicia como Derechos Humanos hay áreas donde no queda nadie o queda uno o dos trabajadores. Y de ningún modo son empleados únicamente del registro automotor, también los incluyen, pero son solo algunos. El resto son administrativos, son las personas que abren las puertas, hacen las guiadas y cuidan los espacios de memoria, los que atienden en los centros de acceso a la justicia», detalló Paula Donadio, delegada de ATE.
En la Secretaría de Derechos Humanos son casi 500 personas las que quedarán sin trabajo a fin de diciembre, la mitad de los trabajadores. El daño es muy concreto: quedan sin trabajo gente que cumplía tareas en el Archivo Nacional de la Memoria, que hacía guiadas y organizaba el Museo Sitio de Memoria ESMA y en otros sitios de memoria.
«Los despidos empezaron en enero, y piensan seguirlos, las declaraciones del ministro y del Presidente son claras en ese sentido. Presentamos hace unas semanas una medida cautelar en la justicia, y como respuesta el ministerio no nos ha recibido y ha decidido sacar comunicado en contra de los trabajadores», afirma.
La instalación de los contratos del ministerio a través de Acara como «un curro de la política», «una caja negra del Estado» viene desde hace meses. Acara es en rigor uno de los entes empleadores de la cartera, el ente privado de control estatal que emplea a unos 3000 trabajadores estatales (más de la mitad) que se desempeñan en diferentes áreas del Ministerio de Justicia, bajo la Ley de Contrato de Trabajo.
A la mayoría de ellos se les anunció, en noviembre pasado, que Acara dejaría de emplearlos y que tenían como opción acogerse a un plan de retiro «voluntario». “Nos dijeron que si no lo tomábamos, la única opción que nos quedaba era el juicio contra el Estado o contra Acara, así que fue más extorsivo que voluntario”, contó a este diario Victoria Laurido, trabajadora del Registro de la Propiedad Automotor. Allí hay 400 trabajadores son contratados a través de Acara, de los 600 que tiene el área. A algunos, ni siquiera se les dio la posibilidad del retiro: sabían que serían despedidos de un modo u otro.
«Desde que anunciaron la medida ya son tres los trabajadores fallecidos. La violencia que están ejerciendo sobre nosotros no tiene antecedentes en democracia”, denunciaron desde ATE.
Fuente: Página12
