El gobierno de Javier Milei está dispuesto a desmantelar el organismo que se ocupa de buscar a los niños y las niñas robados durante el terrorismo de Estado. Trascendió, primero, que hay un decreto en gateras para quitarle a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) la facultad de conducir investigaciones y de acceder a los archivos en poder del Estado –algo que genera un especial recelo en los sectores pro-dictadura. La novedad de las últimas horas es que el Ministerio de Justicia está decidido desplazar a Claudia Carlotto de su dirección.
La Conadi es el organismo del Poder Ejecutivo que se encarga de localizar a los bebés apropiados –hoy hombres y mujeres que rondan los 45 años. Se creó en 1992, mientras gobernaba Carlos Menem –considerado un “prócer” para el actual Presidente. El Estado argentino la conformó para dar cumplimiento a lo que establecía la Convención sobre los Derechos del Niño –que consagró el derecho a la identidad, a instancias de las Abuelas de Plaza de Mayo.
En 2001, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, se ratificaron sus funciones con la sanción de la ley 25.457. Entre otras, que podía ordenarle al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) la realización de análisis para determinar si una persona era hija de desaparecidos. En 2004, Néstor Kirchner firmó el decreto 715, que creaba una unidad especial de investigación dentro de la Conadi y la facultaba para acceder a todos los archivos en poder del Estado –Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete, Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, entre otros– que pudieran ayudar a localizar a los nietos que las Abuelas buscan desde la dictadura.
Para ocuparse de la búsqueda de los bebés robados durante el terrorismo de Estado, la Conadi recibe denuncias –que pueden venir de Abuelas de Plaza de Mayo o de personas que tienen un dato que puede ayudar al encuentro– y las presentaciones espontáneas de quienes dudan sobre su origen biológico.
Claudia Carlotto está en la Conadi desde 1992. En 1994 concursó su cargo como coordinadora. Desde el gobierno de Kirchner, ocupa el puesto de directora nacional de la Conadi. Lo mantuvo durante el macrismo, aunque pasó a ser transitorio –lo que hace que cada seis meses deba ser revalidado.
Antes de dejar el Ministerio de Justicia, Martín Soria renovó la designación de Carlotto. El 26 de abril pasado, se reunió el consejo de la Conadi –en el que están representados el Ministerio Público Fiscal, la Defensoría General, Abuelas de Plaza de Mayo– y pidió que la funcionaria continuara en su cargo. Todos estuvieron de acuerdo y firmaron el acta en consecuencia. Incluso el secretario de Derechos Humanos Alberto Baños, que es el presidente de la Conadi.
Sin embargo, desde el viernes, empezó a circular que no van a renovar la designación de Carlotto. Un día antes, Abuelas de Plaza de Mayo había denunciado que el gobierno se preparaba para derogar el decreto de Kirchner y, de esa forma, desmantelar en buena medida la Conadi. Después el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que no había una determinación sobre su continuidad, pero que el gobierno iba a buscar la “verdad completa”– un latiguillo que repiten desde hace 30 años los sectores castrenses.
En realidad, la Conadi aporta a la verdad desde que se creó. El 90 por ciento de los casos que son testeados en el BNDG provienen de la Conadi. Hace poco menos de un año, restituyó su identidad Daniel Santucho Navajas –hijo de Cristina Navajas y de Julio Santucho y hermano de Miguel “Tano” Santucho. Para que se encontrara con su papá y sus hermanos –a quienes conoció por Zoom porque estaban de viaje– fue fundamental la labor de la Conadi.
Para un gobierno que niega los crímenes de la dictadura, desmantelar el organismo que se ocupa de encontrar a los bebés apropiados y, de esa forma, demostrar que lo peor de la maquinaria criminal era cierto tiene un atractivo particular. Sacar de su conducción a alguien que lleva el apellido Carlotto, también. La vicepresidenta Victoria Villarruel llegó a calificar de “siniestro personaje” a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y en un juicio dijo que no le constaba que fuera víctima de la dictadura.
En febrero, personas u organizaciones que impugnan el proceso de juzgamiento compartían en sus redes una nota que había enviado Guillermo Madero, subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar del Ministerio de Defensa, en la que le negaba a Claudia Carlotto unos legajos que habían solicitado desde la Conadi. Madero es un funcionario que hizo campaña por Patricia Bullrich pero se identifica con Villarruel.
En los primeros días de marzo, le tocó el turno al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, de embestir contra la Conadi. Según declaró en distintos medios, él ordenó una “auditoría” que incluyó supuestamente visitas a distintas dependencias de su cartera. Pero, de acuerdo con su versión, en Conadi solo trabajaban siete personas de las que estaban designadas. Baños bajó el tono de las acusaciones de su amigo que lo puso al frente de la Secretaría de Derechos Humanos cuando le mandaron las planillas de presentismo.
A primera hora del 27 de mayo, el Ministerio de Seguridad distribuyó un comunicado jactándose de que había rechazado entregar 70 legajos que habían sido solicitados por la Conadi. Bullrich catalogó a la oficina –que depende de la Secretaría de Derechos Humanos– de organismo militante. Lo curioso es que no había advertido eso cuando ocupó el ministerio durante el gobierno de Cambiemos, cuando no exteriorizó críticas a la labor que desarrolla el organismo.
El argumento que emplearon Bullrich y su jefe de gabinete, Carlos Manfroni, es que el Poder Ejecutivo no puede llevar adelante investigaciones, que ésta es una competencia de la justicia. Si ese fuera el caso, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) no podría haber investigado el funcionamiento de los campos de concentración de la dictadura. O la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) no tendrían tarea para hacer.
Los argumentos de Bullrich y Manfroni fueron replicados en el proyecto de decreto que esbozó María Florencia Zicavo, jefa de gabinete de Cúneo, para cercenar las facultades de la Conadi. Desde Justicia no contestaron a las consultas de este diario sobre el decreto. Los voceros de la Secretaría de Derechos Humanos tampoco respondieron sobre el desplazamiento de Claudia Carlotto.
El gobierno de La Libertad Avanza (LLA) viene dando muestras de querer vedar el acceso a los archivos. No solo sucede con la Conadi, sino también dentro del Ministerio de Defensa, donde se desarticularon los equipos que investigaban los crímenes de la dictadura. El viernes, despidieron a una de las dos integrantes que quedaba.
Fuente: Página12
