No obstante lo cual, de la mano del “cambio de aire” en el Poder Judicial luego de la asunción del gobierno de Mauricio Macri, y amparándose en las dolencias propias de todo adulto mayor, en los últimos tiempos varios represores vienen eludiendo sus respectivas condenas en cárcel común y son beneficiados con el privilegio de prisiones en abstracto, ya que básicamente van presos pero la comodidad de sus hogares.
Una cuestión resistida y criticada desde siempre por parte de los organismos de derechos humanos, que plantean que las prisiones domiciliarias subvierten el efectivo juicio y castigo para responsables de crímenes gravísimos. Y por ello exigen “cárcel común y efectiva”.
Un caso emblemático en Chaco es el de Gabino Manader, uno de los jefes más sanguinarios de la Brigada de Investigaciones durante la última dictadura, condenado por desapariciones, torturas y violaciones que desde 2016 cumple condena en su domicilio de la calle Ramón Falcón frente a la Escuela de Policía. Idéntica suerte corrieron los fallecidos Ramón Meza, Enzo Breard, y Lucio Caballero.
Por su parte, el represor José Tadeo Bettolli, dos veces condenado por crímenes de Lesa Humanidad e imputado en un tercer proceso, viene impulsando el acceso la misma prerrogativa y estaría cerca de obtenerla.
Sucede que la Cámara Federal Apelaciones de Resistencia revocó una resolución de la jueza de primera instancia de Resistencia, Zunilda Niremperger en la cual la magistrada le había negado el beneficio.
El fallo lleva la firma de los camaristas José Luis Aguilar, Rocío Alcalá y Simón Getzel y se justifica en un informe del Hospital Cosme Argerich y otro elaborado por especialistas del propio penal de Campo de Mayo donde Bettolli cumple condena. Así lo informó el excelente portal Chaco Día por Día.
Según los camaristas, la citada unidad no es apta para resguardar y tratar de forma adecuada al exmilitar. Por otra parte, se aluden cuestiones de índole presupuestaria del Sistema Penitenciario Federal y la necesidad de avanzar en medidas para contrarrestar la “superpoblación carcelaria”.
UN CUADRO
Cabe recordar que Bettolli fue condenado en 2010 por torturas en la ex Brigada de Investigaciones, y este año, también por casos de tortura y desapariciones forzadas en el mencionado centro clandestino. Concretamente, se le imputaron las desapariciones de Pedro Morel y Sara Ayala, matrimonio de militantes de las Ligas Agrarias de la zona de Goya, Corrientes, que fueron vistos con vida por última vez en la Brigada de Investigaciones, a mediados de 1977 y con un estado de salud precario a consecuencia de los tormentos sufridos.
En ese sentido, varios sobrevivientes que pasaron por los debates describieron a Bettolli como un cuadro político, muy formado e inteligente, que rara vez manejaba la picana, sino que dirigía los interrogatorios con preguntas precisas sobre el paradero de otros militantes perseguidos, estructura de las organizaciones, estado de la moral y demás cuestiones de interés.
El formoseño Lenscak declaró haber sido detenido en su domicilio por un comando armado liderado por Bettolli. “Tenía un timbre de voz inconfundible: ‘Hablá o la vamos a traer a tu mujer’”, recordó que le dijo durante su detención mientras lo golpeaban.
