De la investigación se determinó que el prestador médico facturaba atención a pacientes que nunca realizó, por lo tanto se lo denunció por fraude al Estado. Estos episodios no tienen nada que ver con el cobro de plus, sino que se corroboró que una extensa lista de afiliados habían figurado como pacientes y ni siquiera conocían al doctor.
En el juicio se llegó a un acuerdo en el que se aceptó una propuesta de resarcimiento por parte del médico, por lo que se recompuso en algo el perjuicio, aunque eso no evitó que se lo inhibiera de trabajar para el Estado.
Es preciso destacar que fue la investigación de la FIA que derivó en la causa penal, donde también el organismo se constituyó como querellante en defensa del Estado. Resta establecer ahora el recupero de fondos por parte del organismo dañado (InSSSeP).
