La Cámara de Diputados aprobó en la tarde del miércoles y envió al Senado el proyecto de prevención y persecución de lavado de activos, que tiene como ejes centrales las modificaciones al Código Penal, la reforma de la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales.
La iniciativa fue aprobada por 112 contra 96 votos y 5 abstenciones ya que respaldaron el dictamen de mayoría el Frente de Todos y Provincias Unidas, mientras que sufragaron en contra Juntos por el Cambio, el interbloque Federal y la izquierda.
Los legisladores que se abstuvieron son los legisladores de JXC Carlos Zapata y Paula Omodeo, y los tres diputados del FDT (Frente Patria Grande) Federico Fagioli, Natalia Zaracho e Itai Hagman.
La sanción de esta iniciativa es considerada clave para el Gobierno ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.
LOS ALCANCES DE LA LEY CONTRA EL LAVADO
La iniciativa contempla diversas reformas, entre ellas, convierte a la Unidad de Información Financiera (UIF) en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.
La iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo en junio del año pasado tuvo este martes dos dictámenes, uno promovido por el Frente de Todos y otro por la Coalición Cívica, la UCR, Evolución y el Interbloque Federal, donde las principales diferencias están planteadas en los niveles de autonomía que tendrá la Unidad de Información Financiera.
La sanción de esta iniciativa es considerada clave para el Gobierno ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.
Al abrir el debate y explicar el dictamen de mayoría, el presidente de la comisión de Legislación General, Lucas Godoy, dijo que «nuestro país debe ser evaluado por la GAFi y por eso es importante sancionar esta ley» y destacó que «han participado todos los sectores del Estado vinculados a la prevención del lavado».
Entre ellos mencionó la Unidad de Información Financiera, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, del BCRA, la Comisión Nacional de Valores, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social; los ministerios de Economía; de Justicia, y de Relaciones Exteriores; la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, el Ministerio Público Fiscal y la Corte Suprema Justicia.
Por su parte, la legisladora del Frente de Todos, Mónica Litza, afirmó: «Para nuestro país es relevante adecuar la normativa interna a los estándares internacionales que sugiere y aconseja el GAFI. Vivimos en un mundo globalizado e interconectado, donde los delitos son de acción interjurisdiccional».
La legisladora de la Coalición Cívica, Mónica Frade, señaló que advirtió que «a los empujones nos quieren llevar a una ley sin tocar la autonomía e independencia que hoy la UIF no tiene. Es el Poder Ejecutivo que pone y saca a funcionarios. Es pasible de influencias políticas. Queremos que esto sea una política pública que eleve el nivel de institucionalidad de este país y no caigamos en la lista gris».
Por su parte, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace señaló que «la UIF tiene que tener una autonomía e independencia funcional que se tiene que llevar a la práctica. Hoy la ley dice que será designado por el Poder Ejecutivo, donde este no cumple con los estándares que marca la UIF».
Fuente: Télam
