El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, ordenó “dar de baja de las filas del Ejército” a cuatro generales y 19 coroneles, al quedar firmes sus condenas de diversos Tribunales Federal de la Argentina por crímenes lesa humanidad, cometidos en el marco del Terrorismo de Estado de la última Dictadura Cívico Militar.
La medida fue dispuesta mediante la resolución 72/2025, la que había sido requerida por el ministerio público fiscal de la nación en el mes de octubre de 2024, por tratarse de casos donde se habían agotado todas las instancias de recursos de Casación, Extraordinarios y de Queja, contra las sentencias condenatorias, en tramites tanto ante la Cámara Federal de Casación Penal como finalmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación .
La Resolución Ministerial reconoce que el Estado argentino tiene obligaciones internacionales en la materia y ante ello “la obligación de separar de sus cargos a los agentes implicados en graves violaciones a los derechos humanos constituye una obligación autónoma del Estado argentino, conforme al Derecho Internacional”.
Entre los militares dados de baja del Ejercito se encuentran los coroneles Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes y Jorge Carnero Sabol, quienes habían sido condenados por el Tribunal Oral Federal de Resistencia a prisión perpetua e inhabilitación absoluta por su participación directa, en la Masacre de Margarita Belen, donde fueron fusilados 15 detenidos por razones políticas y desaparecidos los cuerpos de 4 de ellos.
La inhabilitación absoluta había sido solicitada en los alegatos por la Fiscalía y las querellas y fue receptada por los jueces, y es lo que determina últimamente la baja del ejército, una vez que la sentencia queda firme.
En el año 2023 el ministro de Defensa Jorge Taiana, ya había dado de baja del Ejercito al coronel Athos Gustavo Renes condenado también por la Masacre de Margarita Belén y al teniente coronel José Tadeo Bettolli condenado por crímenes cometidos en el Centro Clandestino de la Brigada de Investigaciones, que fueron juzgados en el Juicio denominado Caballero I.
En esa oportunidad el ministro Taiana, en las resoluciones, manifestó “desde el año 2005 a la actualidad se encuentren siendo juzgados, en el marco del debido proceso, quienes han sido identificados como autores mediatos y responsables de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el período 1976 a 1983. Según el artículo 20 de la Ley Nº 19.101 para el Personal Militar, la pérdida del estado militar y la baja de las Fuerzas Armadas , se producen ante la existencia de sentencias condenatorias emanadas de tribunales comunes o federales a penas equivalentes a las que en el orden militar lleven como accesoria la destitució”
Más adelante refirió: “Que, en virtud de lo dispuesto en el Código Penal de la Nación, la inhabilitación absoluta, dispuesta como pena accesoria a la pena privativa de la libertad, importa la privación del empleo o cargo público. Que, de acuerdo a lo precedentemente desarrollado, resulta ajustado a derecho dictar la baja, como consecuencia de la pena a prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, impuesta por sentencia en el marco del juzgamiento por encontrarse responsable de la comisión de delitos de lesa humanidad».
