Además, se les prohibió a los internos que usen los espacios universitarios de la prisión cuando no tienen una clase.
El fuego en las ventanas de los pabellones se pudo ver desde varias cuadras; una vez apagado, del edificio del penal quedaron colgados trapos con reclamos por el derecho a estudiar.“La Universidad es de todos. CUD. 40 años”, dice una de esas banderas. Para los presos, la intención del gobierno es debilitar las universidades que funcionan dentro de las cárceles; por eso aseguran que continuarán con las protestas, que van no sólo contra Bullrich sino también contra los jueces que recibieron un pedido habeas corpus y que se vienen pasando la pelota de mano en mano, sin darle una respuesta.
El origen del conflicto fue una resolución de Bullrich del 25 de marzo. En sus dos artículos, la ministra anunció que no habilitará el funcionamiento de ningún centro de estudiantes en las cárceles federales, ni «la permanencia de personas privadas de la libertad en los centros educativos o espacios de estudio fuera del horario en que deben asistir a las clases». Esto perjudicó a los reclusos, que plantean que los pabellones están superpoblados y son muy ruidosos, lugares donde difícilmente alguien pueda concentrarse para estudiar.
En diciembre, la ministra había tomado una medida previa: dispuso que los presos de las cárceles federales realicen tareas de mantenimiento y limpieza en los penales, todos los días, hasta cinco horas diarias, de manera obligatoria y sin retribución. Luego, al prohibirles que usen los espacios de la universidad fuera de clase, argumentó que pasan el día allí y no cumplen con la obligaciones de limpieza y laborales que les impuso, que -dice Bullrich- son importante para su reinserción. Dado que en las cárceles federales los talleres no cuentan con presupuesto y las actividades de reinserción escasean, la impresión es que para la ministra es mejor limpiar que estudiar.
O tal vez ni eso: «El orden y la disciplina no se negocian: las reglas están para cumplirse», posteó al anunciar la noticia.
Era cantado que la medida iba a traer problemas. Para especialistas en contextos carcelarios, la resolución del ministerio tiene inconsistencias legales, es decir que no podrá sostenerse, ya que viola las leyes argentinas que plantean que las cárceles deben reinsertar socialmente al condenado; la educación es fundamental en ese sentido.
Lo que siguió fue los afectados recurrieron a la justicia, pero en los tribunales se demoran en darles una respuesta. En concreto, un habeas corpus presentado por la Procuración Penitenciaria -el organismo que tiene como función proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad- viene pasando de mano en mano entre el Juzgado Federal N° 1 (del fuero federal) y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 16 (del fuero ordinario).
«Ambos juzgados se declararon incompetentes y el caso está hoy a resolución de la Corte Suprema», explico Ariel Cejas Meliare, Procurador Penitenciario Adjunto de la Nación. La Corte no tiene plazos para expedirse, por lo que las limitaciones impuestas podrían eternizarse.
El procurador, junto a la Comisión de cárceles presentó por esto una medida cautelar de no innovar, solicitando se suspendan los efectos de la resolución hasta que se dicte sentencia en el habeas corpus. Esta presentación aún no fue resuelta.
Fuente: pagina 12
