El fiscal federal Diego Vigay acompañó la nota de funcionarios judiciales remitida al procurador interino Eduardo Casal, en la que se expresa la preocupación frente a la decisión de desmantelar el Equipo de Relevamiento y Análisis que investiga los crímenes de la dictadura.
Fue el ministro de Defensa, Luis Petri, que a fines de marzo, echó a diez de los trece expertos que integraban los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) documental, cuyo objetivo era contribuir con las investigaciones por crímenes contra la humanidad, que se habían reabierto definitivamente después del fallo Simón de la Corte Suprema en 2005.
“Es una situación muy grave y delicada”, sostuvo Vigay en declaraciones a radio Libertad señaló que “tiene que ver con un equipo de trabajo de gente especializada, con mucha experiencia, que se conformó en 2010 y lleva 14 años de trabajo”. “Está conformado por civiles, investigadores, archivistas e historiadores que son quienes buscan en los pliegues más finos de la burocracia de las fuerzas armadas de la Argentina documentación e información que tiene que ver con la última dictadura cívico militar”, planteó.
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El fiscal federal indicó que el trabajo consta de investigar “desde los legajos de cada personal que puede estar imputado, donde hay información muy precisa (el lugar dónde estaba, algún tipo de operativo del que participó), pero asimismo hay mucha otra información más compleja de ubicar, identificar y desclasificar que son los partes internos de un regimiento, de una brigada o de un comando, que tienen toda una clasificación y una nomenclatura muy particular”.
“Este equipo de investigaciones colaboraba con cada uno de los tribunales orales, los juzgados federales de Argentina con el envío de esa información clave y era documentación y prueba muy importante, vital e imprescindible para reconstruir hechos que ocurrieron hace tanto tiempo y teniendo en cuenta que fue un plan sistemático trazado con una operatividad y sistematicidad desde la clandestinidad”, advirtió.
Vigay expuso que “un centro clandestino de detención, por ejemplo, funcionaba con nombres supuestos, las personas estaban tabicadas y una serie de cuestiones que tenían el objetivo de obstaculizar la identificación de los responsables. Esta documentación y el trabajo de este equipo es imperioso e imprescindible y así ha quedado demostrado en muchísimos juicios para que se pueda llegar a la identificación de determinados hechos y llegar a las condenas”, aseveró.
Esta documentación y el trabajo de este equipo es imperioso e imprescindible y así ha quedado demostrado en muchísimos juicios.
Remarcó además que la nota firmada por él y otros 35 funcionarios judiciales “surgió naturalmente a partir de los fiscales que venimos actuando en causas de lesa humanidad de todo el país de hacer algo porque va a tentar con el desarrollo de los juicios y las causas que están llevando adelante” y consideró que “hubo una fundamentación del ministro Petri sin muchos argumentos, sin mucha información de cuál era el rol de este equipo”.
“A la vez de esa nota que transmitimos al procurador fiscal, se adjuntó un excel con todo el detalle de todo los aportes importantes y trascendentes que se habían desarrollado en distintas causas de todo el país. Con esto, el ministro Petri tiene toda la información sobre la importancia de este equipo de trabajo, sobre el compromiso internacional que pesa sobre el Estado argentino y, en su caso, el ministro de Defensa de llevar adelante los juicios por crímenes de lesa humanidad”, detalló sobre el documento enviado a Casal.
“Argentina asumió ese compromiso y si hace algo en otro sentido está incumpliendo y es apacible de una infracción internacional, ya existen reclamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el desmantelamiento de este equipo”, alertó y sostuvo que se tiene la “expectativa de que, como pasó en algún gobierno anterior, se dé marcha atrás y que se vuelva a conformar este equipo de trabajo que es imprescindible para continuar con las causas que todavía están pendientes”.
El gasto es mínimo para el trabajo tan importante que llevan adelante que es hacer un aporte crucial para los juicios por los crímenes de lesa humanidad.
Para Vigay, “más allá de la intencionalidad que puedan tener, existe una Constitución Nacional, un estado de derecho en la Argentina y convenciones internacionales que han sido firmadas por nuestro país y sería gravísimo que el Ejecutivo nacional se salga de ese esquema que son las pautas mínimas de convivencia que tenemos”.
“Esperamos que lo que ha sido un pacto social de juzgar los crímenes de lesa humanidad en la Argentina y cada 24 de marzo en las calles y plazas eso queda demostrado, sea respetado”, apuntó el fiscal y recordó que el grupo está integrado por “solo 14 personas, por lo que el gasto es mínimo para el trabajo tan importante que llevan adelante que es hacer un aporte crucial para los juicios por los crímenes de lesa humanidad”.
“Argentina es modelo a nivel mundial por llevar adelante estos juicios, sería muy malo para nuestro país que retrocedamos en esa conquista que es uno de los valores más importantes de nuestra democracia”, cerró.
