Desde el Gobierno provincial informaron a situación de las viviendas entregadas durante los años previos por el Instituto de Viviendas. Indicaron que “la mayoría de estas viviendas no reúnen condiciones mínimas de habitabilidad, ya que carecen de servicios elementales como luz, agua, veredas, cloacas, apertura de calles, desagües pluviales y alumbrado público”.
Indicaron también que “estas entregas irregulares de viviendas, se vio agravada por una intimación a las familias beneficiadas, donde se las obligaba a ocupar las viviendas en el estado que se encontraban en un plazo de 10 días, bajo apercibimiento de ser desafectados de las mismas si no cumplían con dicha intimación”.
Además, afirmaron que: “A mitad del año 2023, el Estado nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, observa que las obras de infraestructura que debía ejecutar la provincia no se habían iniciado y, en consecuencia, procede a intimar mediante cartas documento enviadas al Ipduv para que diera inicio a las redes de agua, electricidad, apertura de calles, etc., para que una vez finalizadas las obras de viviendas, las mismas cuenten con todos los servicios esenciales. Estas intimaciones fueron desoídas e incumplidas por parte del Gobierno provincial y del Ipduv.
Por todo lo expuesto surge a las claras el incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de las autoridades del Ipduv, más allá del obrar inmoral que significó jugar con la necesidad y la urgencia de las familias afectadas”.
Por otra parte, explicaron que “el Ipduv registra una deuda con empresas constructoras por obras que debían ser financiadas con fondos provinciales, que supera los 600 millones de pesos a valor histórico por certificados impagos de trabajos ya ejecutados, algunos con fecha febrero del año 2022 y que, si se actualizara el valor de UVI, constituyen una deuda superior a $1.200.000.000.
También, en lo que refiere a obras de infraestructuras faltantes, la deuda heredada asciende a más de $25.000.000.000. Obras cuya ejecución resulta absolutamente necesaria en los barrios que ya han sido entregados, muchos de los cuales se encuentran aún en construcción y que han sido ocupados por familias que, con su presencia, impiden la continuidad de las obras.
“Los últimos tres años se gastaron a través del Programa Mejorar un total de $1.700.000.000 anuales, de manera desordenada y sin controles adecuados. Esta situación se encuentra actualmente en relevamiento de información a los efectos de continuar detectando inconsistencias”.
Expusieron que las viviendas carecen de servicios elementales como luz, agua, veredas, cloacas, apertura de calles, desagües pluviales y alumbrado público.
