Hay acciones de las que no se habla. Intervenciones de la justicia que poco se publican.
Lo que antes salía en los medios todos los días ahora dejó de ser una noticia de interés. Me refiero al amparo y medida cautelar presentada por la Defensora General Adjunta, Dra. Gisela Gaúna Wirz.
Conozco muy poco a la Defensora, pero es innegable que es de las pocas funcionarias judiciales especializadas en derechos humanos y pueblos indígenas. Hace años recorre el territorio escuchando a las comunidades y dejando en evidencia la vulneración de derechos, gobierne quien gobierne.
La medida que presentó deja en evidencia el abandono del estado y la falta de acceso al agua, a los alimentos y a la salud de las comunidades originarias de El Impenetrable Chaqueño. Refleja la pobreza extrema en la que están viviendo. La desidia y el desinterés de los “funcionarios de territorio” del gobierno.
El 15 de agosto de este año, hice una presentación ante la Defensoría, denunciando que los comedores escolares no funcionaban, los chicos se dormían y desmayaban en las escuelas. Los alimentos que se entregaron estaban vencidos y en mal estado. Esto, claro está, no fue una noticia de interés. Tan equivocada no estaba, porque poco tiempo después sacaron a la Ministra de Desarrollo Humano.
Ojalá el Superior Tribunal de Justicia resuelva el amparo este año. La situación es mucho más crítica y grave que años anteriores.
Hay mucha gente pasando hambre. Hay comida que se pudre en galpones, mientras hay pibes que se desmayan del hambre. La única pregunta que debe hacerse el Gobierno es: ¿Hay gente que no comió hoy? Si la respuesta es sí —y objetivamente lo es— no importa quienes sean o a quienes hayan votado: el Estado es RESPONSABLE y cuando quienes gobiernan no lo hacen, el Poder Judicial debe garantizar un derecho tan básico y humano como alimentarse.
En más de 400 barrios populares de nuestra provincia, la inseguridad alimentaria es una realidad que no podemos seguir ignorando. Ante esta crisis, no podemos permitirnos el silencio ni la indiferencia. Es urgente, y es responsabilidad del Estado garantizar el acceso a lo más básico: el derecho a la alimentación.
