La Asociación de Periodistas de Corrientes (APC) se unió al reclamo de trabajadores y trabajadoras del diario El Litoral. Repudió particularmente un episodio al que catalogaron de “violencia laboral” sucedido el lunes en el que la Policía acudió al edificio del matutino.
Según relataron, ese día se realizaría una asamblea por los conflictos laborales en el medio, la misma fue suspendida por el fallecimiento de un colega y fue debidamente informado a la gerencia del diario. Sin embargo, a las 17, la Policía acudió al edifico con órdenes claras de presenciar la asamblea. Los agentes tomaron fotos de la nómina de personal y datos de un jerárquico, “preguntando cuándo se realizaría la próxima asamblea”.
“La gravedad de este ataque radica en que ni en el país ni en la provincia se ha anulado el estado de derecho como para que la empresa prohíba o intente impedir un legítimo derecho de los trabajadores como lo es reunirse en asamblea, considerando en primer lugar que el decreto provincial que rige impide las reuniones públicas de mero esparcimiento y las asambleas son reuniones para tratar cuestiones laborales”, aclararon.
En ediciones anteriores, elDIARIO de la Región habló sobre el recrudecimiento de la histórica lucha laboral en esta empresa correntina, luego de despidos y destituciones sin explicación alguna. En una nueva comunicación con una de las personas delegadas, explicaron que la asamblea del lunes iba a ser virtual, en tanto que varios trabajadores y trabajadoras realizan sus obligaciones desde la casa, y que la suspensión fue aclarada formalmente a la Dirección del diario.
Lo que destacaron es la confusión del decreto provincial correntino N° 507 que prohíbe la aglomeración de gente “con fines de esparcimiento”, no así otros actos trascendentales como una asamblea laboral que sí se pueden hacer. Por lo que lo tomaron como una “provocación y amenaza enviar a la Policía”. Entienden que es un avasallamiento al derecho a la organización “que no está caído por una cuarentena”. Esto no es “estado de sitio”, agregó la persona delegada y contó que fue “muy violento” y hubo “episodio de angustia e impotencia”, entre el personal.
“La empresa recibió la ayuda de la Anses sin hacer aportes”, añadió y exige más trabajo sin cumplir las condiciones mínimas salarios y laborales.
Lo que solicita la asamblea ahora es pedir una audiencia con la Subsecretaría de Trabajo, para que se le reconozca el aumento solidario que está por decreto presidencial “y que la empresa no quiere aplicar”. También, el reconocimiento de las delegadas como tales, ya que la Dirección “pretende extender la jornada laboral”, debido a los cambios virtuales por las medidas de aislamiento.
“Acá en Corrientes, se imputó a la enfermera que trabajaba en Resistencia”, por lo que, que venga la Policía a tomar nombre y apellido, creen que será usado para “acusarnos de violar normativa, algo que desmentimos». «La empresa y la fuerza estarían incurriendo en una injuria”, aclaró la delegada.
