Luego de conocerse la resolución en beneficio del represor Gabino Manader, procesado en la Causa Caballero II por secuestros, desapariciones y violación de detenidos políticos y ya condenado en un proceso anterior a 25 años de prisión por gravísimos crímenes de lesa humanidad, organismos de DD. HH. y organizaciones sociales convocaron a una conferencia de prensa en repudio a la medida, que lleva la firma del juez de instrucción Juan Manuel Iglesias.
La actividad será el viernes a las 9 en la vereda del Tribunal Oral Federal de Resistencia Irigoyen 33, en una jornada en la que habrá varias novedades referentes al juzgamiento al terrorismo de Estado, ya que se realizará la primera audiencia del año en la causa Caballero II, así como una presentación del Ministerio Público fiscal en el marco de otro proceso de gran interés como es el juicio oral a los colaboradores civiles del Poder Judicial, exmagistrados federales Roberto Mazzoni y Ángel Díaz Córdoba y el jefe de la guardia más violenta y pegadora en la U7, el penitenciario Pablo Casco.
La prisión domiciliaría le fue otorgada a Manader, uno de los represores más crueles de la “patota de la Brigada de Investigaciones” el centro clandestino de detención de mayor envergadura en el NEA durante la última dictadura cívico-militar, por el juez subrogante Juan Manuel Iglesias.
Este magistrado, (que integra el tribunal que lleva la causa Caballero II junto con los jueces Eduardo Belforte y Aldo Alurralde) hizo carrera en el Poder Judicial de Corrientes, actuó en las jurisdicciones de de Goya y en Mercedes y fue designado para el juzgado de Concepción del Uruguay, pero como no se conformó ese juzgado fue designado para cubrir la vacante en el TOF de Resistencia.
No es la primera vez que Iglesias concede un beneficio a Manader, con anterioridad le concedió un permiso de salida para visitar a un familiar. Esto fue objetado por el Ministerio Público ante la Cámara de Casación, que oportunamente denegó el permiso.
El supuesto cuadro de “hipertensión arterial, hipertrofia prostática y trastornos cognitivos” por el cual el juez Iglesias le concedió el privilegio de la excarcelación y prisión domiciliaria no fue constatado por el Cuerpo Médico de la Corte Suprema de la Nación, que luego de realizar un examen a Manader dictaminó: “Se encuentra compensado, sin signos de patologías agudas en evolución, es portador de dislipemia, patología hipertensiva de grado leve y compensada con medicación” y que "la medida privatoria de su libertad en sí misma no debería afectar la evolución de su patología”.
Por ello, la exigencia desde los organismos de derechos humanos de la revocación “de este injusto beneficio y que Manader cumpla su condena por las torturas violaciones y desapariciones forzadas no en la comodidad de su hogar, sino una celda en cárcel común”, según señalan en la convocatoria.
Cabe destacar que según pudo averiguar elDIARIO de la Región, en Chaco el 75 % de los detenidos están en cárcel. Es un número superior a la media nacional, según la cual el 50 % de los detenidos por crímenes de lesa goza del beneficio de prisión domiciliaria.
INJUSTO PRIVILEGIO
En el documento de convocatoria a la conferencia, cuestionaron la decisión del juez Iglesias porque entienden que fundamentó su resolución por indicación del Servicio de Asistencia Médica de la U7, “un cuerpo médico parte del Sistema Penitenciario Federal, formado por integrantes de una fuerza policial, y que no puede equipararse la par del Cuerpo Médico de la Corte Suprema de la Nación, integrado por peritos oficiales”.
Además, señalan: “Con el criterio adoptado, todos los internos que tuvieran algún tipo de dolencia y pudieran desembocar en un cuadro de crisis, deberían obtener el beneficio del arresto domiciliario y solo quedarían detenidos aquellos que tienen una salud impecable, esto es, debería ser vaciada la U7, y también la Alcaidía. Cabe resaltar que no es la primera vez que el juez Iglesias le otorga un beneficio injustificado; en 2016 autorizó a realizar una visita a un familiar, medida que fue oportunamente revocada en casación”.
Por último, destacaron: “No podemos soslayar que Iglesias decide otorgarle la excarcelación en tiempos en los que a nivel nacional los mismos grupos civiles que se vieron beneficiados con el golpe de Estado buscan tergiversar la historia, detener el avance del juzgamiento al terrorismo de Estado y habilitar la criminalización de la protesta social y nuevos atropellos al conjunto de la sociedad”.
LA “PATA CIVIL”
Asimismo, en la jornada del viernes , el Ministerio Público realizará el ofrecimiento de pruebas y testigos en la causa iniciada contra funcionarios del poder judicial por su complicidad y encubrimiento en el terrorismo de Estado, y con el exjefe de guardia de la U7, Pablo Casco.
Se trata de un proceso en el que hubo que sortear varias instancias, el principal escollo residió en la imputación de asociación ilícita; por este delito se procesó en dos ocasiones, la Cámara Federal de Resistencia dio marcha atrás con esa imputación, lo cual fue apelado ante la Cámara de Casación Nacional Penal, donde tampoco se dio curso a la pretensión fiscal.
Por tratarse de dos conspicuos integrantes de la Justicia Federal y ante el nuevo contexto nacional se descarta que lograr el efectivo juicio y castigo será más complicado. Las imputaciones versan sobre incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de investigar, encubrimiento etcétera.
El exjuez Díaz Córdoba tiene nueve imputaciones y Mazzoni cinco, mientras que Casco está imputado por tormentos a dos exdetenidos políticos. Los funcionarios judiciales han sido señalados por sobrevivientes al terrorismo de Estado por su omisión en la investigación de habeas corpus, visita a penales en sur del país donde a pesar de haber constatado graves falencias en las condiciones de detención se negaron a hacer cesar estas irregularidades, o bien directamente participaron en el encubrimiento de torturas y secuestros.Otro tanto corresponde al accionar de Casco, el jefe de la guardia de la prisión U7 entre 1976 y 1978, recordado por todos los exdetenidos políticos como uno de los penitenciarios más violentos y autoritarios, responsable de golpizas y vejámenes a los internos.
